Después de la suspensión del juez de Casación Martín Ordoqui por las sospechas de su participación en la banda de policías, ladrones, barrabravas, estafadores y magistrados que operaba en La Plata,
la Justicia busca más datos para sostener la imputación de “tráfico de influencias”. Ayer, una patrulla de la superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal allanó la casa de un hermano del camarista, Julio Ordoqui, en el centro de la capital bonaerense.
Según pudo averiguar Clarín, la fiscal Betina Lacki -a cargo de esta mega causa que ya tiene detenido al ex juez de Garantías César Melazo, y a otras 13 personas- buscaba “documentos judiciales” en la casa del hermano de Ordoqui, situada en 17 y 45, a 20 cuadras de la oficina del juez.
La fiscal le pidió el allanamiento a la jueza Florencia Butiérrez, ya que no puede acceder a la casa del propio juez debido a las restricciones que plantean sus fueros. El procedimiento fue realizado por la División de Investigación de Delitos Violentos de la Policía Federal.
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“El resultado del procedimiento fue negativo”, aseguró una fuente de la investigación. No hallaron documentación. Sólo un arma vieja, que pertenecía a un tío de los Ordoqui y que tenía los papeles de tenencia correspondientes. Los peritos no se llevaron objetos de la vivienda.
Ordoqui presidía hasta el miércoles la Sala V del Tribunal de Casación Penal, uno de los escalones más altos del Poder Judicial de la Provincia. Pero por decisión de la Suprema Corte recibió una “licencia forzada” por 90 días, luego de que se conocieron detalles del proceso que involucra a Melazo, a un ex jefe policial del Comando de Patrullas de La Plata, a otros dos ex oficiales, a dos barrabravas platenses y un grupo de delincuentes y ex convictos.
Todos están acusados de formar parte de una asociación ilícita dedicada a robar casas; traficar autos adulterados; quedarse con botines de narcotraficantes y otros delitos. Pero además, la organización tendría un fuerte soporte jurídico: según coinciden varios testimonios y escuchas telefónicas reunidas por la Fiscalía, Melazo protegía y garantizaba cierta impunidad a los integrantes de la banda que quedaran involucrados en casos penales.
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Y en el caso de Ordoqui los indicios lo ubican como el funcionario que resolvería cuestiones complejas para favorecer a los miembros de la asociación cuando los trámites llegaban hasta Casación. En el parlamento bonaerense preparan los pedidos de juicio político para que puedan sacarle los fueros.
El pedido de licencia obligatoria fue presentado por el Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, por considerar que el magistrado habría “incurrido en conductas de extrema gravedad que menoscaban el normal y adecuado funcionamiento del servicio de Administración de Justicia”, según la resolución.
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Conte Grand también remitió el caso a la secretaría de Juicio Político, para que comience el proceso que podría derivar en la destitución. “Su permanencia en el cargo podría producir nuevos hechos reprochables, perjudicar o entorpecer la investigación en curso”, dice el pedido del Procurador.
fuente clarin