Fue una estructura que funcionó por años, para la Justicia desde 2003 -cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada y creó el Ministerio de Planificación-, hasta 2015 cuando Cristina Kirchner
dejó el poder. Ellos, según el juez Claudio Bonadio “comandaron una organización delictiva” que tenía como finalidad, la recaudación de “fondos ilegales”. En las últimas novedades de la investigación, el magistrado determinó que el cobro de las coimas se realizaba a través de tres áreas bien diferenciadas: energía, obra pública civil y transporte. Cuando confesó ante el fiscal Carlos Stornelli, José López explicó cómo funcionaba todo: “Estaba hecho para que nadie sepa lo que hacía el otro”, ni “dónde recaudaba”. Todo estaba “bien compartimentado” y los “lineamientos” los bajaba Julio De Vido.
Era un mecanismo bien aceitado. Cada uno sabía qué tenía que hacer, pero la clave era que nadie estuviese al tanto de lo que el otro tenía asignado. Así lo relató y reconstruyó José López cuando se convirtió en imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción. En ese contexto dio detalles de cómo funcionaba la operatoria.
El ex funcionario K, responsable durante doce años de la secretaría de Obras Públicas, confesó que lo que cobraban a la empresas contratistas del Estado eran sobornos. Ante la presencia de su defensor oficial, Gustavo Kollmann, contó que la estructura del extinto ministerio de Planificación estaba pensada para que “nadie sepa lo que hacía el otro” en cuanto a la recaudación de fondos ilegales.
¿Cómo se organizaba el cobro? José López contó que él Roberto Baratta no hablaba del tema. “Alguna que otra vez vino a decirme algo, siempre por orden de “De Vido”, y reiteró que él seguía “los lineamientos que bajaba” el ex ministro de la cartera. Entonces, contó que como secretario de Obras Públicas, él le “cobraba a las constructoras que tenían obras civiles”, mientras que Baratta “se encargaba del sector energético”.
La escandalosa corrupción
La clave era que nadie supiera “dónde y cómo” recaudaba el otro. Eso sí, todos reportaban a Julio De Vido, según confesó y en este punto volvió a referirse a que la orden de cumplir con la recaudación provenía de las más altas esferas, es decir: Néstor y Cristina Kirchner.
Así, explicó que “todo se armó de forma compartimentada” y no negó que en varias oportunidades incluso había enfrentamientos entre los responsables de realizar el cobro de coimas. La estructura se pensó así para que las órdenes directas “bajen de De Vido” que las recibía de Néstor Kirchner.
El ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, había mencionado a López como uno de los integrantes del extinto ministerio de Planificación Federal con quienes las empresas “debían acordar el pago del 10 al 20%” en concepto de coima una vez adjudicada la licitación.
Al momento de explicar cómo se distribuían las órdenes, López dio a entender que él era una especie de “soldado de la causa”. Fue allí cuando dijo que él “supervisaba el cobro de los sobornos a las empresas de la construcción”. Los valores rondaban entre el 10 al 20% del monto total del contrato de obra y en la misma línea que Wagner se refirió a un listado de once empresas que participaban del “club de la Obra Pública”, entre las que se encuentran Losi, Chediak, Vial Agro, Fontana, Vialco, Micastro, Marcalba, Equimac, Coarco, Cartellone (investigada en una de las causas de Odebrecht), Perales Aguiar, Biancalani (después adquirida por Lázaro Báez).
Las “recaudaciones” que se realizaban en el área de Transporte estuvieron a cargo de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Así lo confesaron empresarios como Aldo Roggio y Gabriel Romero.
Aislado en un centro de detención que depende del Servicio Penitenciario federal, López se mostró más tranquilo. Cuenta con asistencia psicológica y psiquiátrica. “Tomé la decisión correcta al colaborar”, manifestó la semana pasada, días después de haber confesado ante el fiscal Stornelli cómo funcionaba el circuito de coimas.
Ante el juez Bonadio reiteró los temores que sentía por su seguridad y la de su familia, y por ello dijo que quería continuar dentro del programa de protección de testigos e imputados colaboradores. Esta semana el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) rechazó su pedido de excarcelación.