El abogado Jorge Cabezas, representante de Cristina Kirchner, se acercó ayer por la tarde a la delegación de la Policía Federal en Río Gallegos para retirar los bastones y las bandas
presidenciales de la ex Presidenta y de Néstor Kirchner. Los bastones habían sido secuestrados durante el fin de semana en la residencia de El Calafate, e integraban la lista de cien objetos que la justicia se llevó tras el allanamiento a la casa de la ex Presidenta en El Calafate, cuya primera valoración rondaría los 10 millones de dólares. Tras una queja de Cristina por Twitter, el juez Claudio Bonadio ordenó el martes la devolución de los bastones presidenciales.
Después de que Clarín reveló la lista completa de los objetos que se secuestraron en la residencia que la senadora de Unidad Ciudadana tiene en la villa turística, el primer reclamo se conoció por parte de Cristina: “Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadio de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite“, tuiteó.
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El secuestro de bienes se realizó en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, donde la ex Presidenta está acusada de ser Jefa de una asociación ilícita que se dedicó, entre 2008 y 2013, a la recaudación de fondos ilegales (sobornos) que eran cobrados a empresas contratistas del Estado.
Sólo de la propiedad de más de 480 metros cuadrados en El Calafate, se secuestraron objetos de valor: 94 cajas con 100 elementos de lo más variados. Entre ellos, se encontraban las bandas y bastones presidenciales.
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El juez Bonadio dio la orden el martes por la tarde, de que estos últimos objetos sean devueltos a Cristina Kirchner, al considerar que se tratan de “objetos personales”.
Sin embargo, la disputa continúa. Desde el Gobierno acusaron la actual senadora de quedarse con regalos que no le correspondían, y también indicaron desde la Oficina Anticorrupción (OA) que los bastones “deberían estar en custodia en algún museo nacional, son patrimonio histórico no son objetos personales”.
En este sentido, explicaron que hay objetos que “pertenecen al Estado y se reclamará que vuelvan a donde corresponde”.
Los bienes secuestrados en El Calafate, guardados en 94 cajas remitidas al juzgado de Bonadio, podrán en parte tenerse en cuenta ante un eventual embargo en caso de un procesamiento, y además la Justicia busca determinar si varios de los elementos de valor “podrían haberse adquirido con fondos ilícitos”, indicaron fuentes judiciales.
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Además de los bastones, la lista incluía lapiceras, esculturas, cuadros, rosas de plata, sables, jarrones chinos, dagas árabes, llaves de la ciudad, medallas, monedas, collares de diferentes órdenes, el prontuario policial de Irigoyen, una carta de San Martín, bandejas de plata, jarrón húngaro, una brújula Tiffany & Co, entre otros objetos.
Según pudo saber Clarín, la Oficina Anticorrupción pedirá que “todos los bienes secuestrados de valor sean aplicados a los embargos”. Una primera estimación oficial arroja que los cien bienes secuestrados tendrían un valor de 10 millones de dólares.
Esta misma medida podría adoptar el juez Julián Ercolini, quien procesó a la senadora en la causa del direccionamiento de la obra pública y en Hotesur, y está próximo a enviarla a juicio oral por lavado de dinero en Los Sauces. La senadora cuenta con embargos en cinco causas judiciales por $ 10.895 millones.