El “jarabe de la muerte”, un medicamento que contenía una sustancia no apta para consumo humano, produjo un envenenamiento masivoen Panamá. Fue repartido hace al menos 12 años por el seguro
social de ese país y desde entonces generó más de 500 víctimas fatales. Además,unas 1.200 personas que lo consumieron quedaron con secuelas.A partir de esta situación, un grupo de afectados y familiares de muertos demandó este miércoles al Estado por 200 millones de dólares en concepto de indemnización.
“Después de 12 años de este calvario presentamos ante la Corte Suprema de Justicia más de 400 demandas contra el Estado, con valor de 180 a 200 millones de dólares como resarcimiento a las víctimas”, explicó el presidente del Comité de Familiares de las Víctimas y Sobrevivientes por el Derecho a la Salud y a la Vida, Gabriel Pascual.
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En medio de una manifestación en los tribunales, Pascual indicó que el paquete de demandas sólo es de un primer grupo de afectados, y que interpondrán otras luego que tengan más evidencias científicas y datos.
La Caja de Seguro Social de Panamá compró en un proceso iniciado en 2003 unos 9.000 kilos de una sustancia reportada como glicerina pura, con la que elaboró un jarabe y pastas para la piel, que resultó ser de uso para refrigerante industrial y no para consumo humano, por contener la sustancia venenosa dietilenglicol.
Julissa Berguido sostiene un cuadro de una víctima del “jarabe de la muerte”, este miércoles en la protesta frente a la Corte Suprema de Panamá. EFE
Las autoridades sanitarias distribuyeron en el país más de 200.000 frascos de este “jarabe de la muerte”, pero recién en 2006 se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.
“Pedimos justicia, aunque esto no va resolver nuestros problemas de salud o devolver la vida de los que murieron, es un resarcimiento que el Estado debe dar desde el punto de vista moral”, consideró Pascual.
Mencionó, además, que hay una moratoria de cuatro años en revisar la ley de pensión a los sobrevivientes -que cobran actualmente unos 600 dólares mensuales-, para que se les dé un aumento de 900 a 1.000 dólares. Hasta el momento, unas 1.200 personas tienen este beneficio.
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El abogado de los afectados por el envenenamiento, Francisco Carreira, precisó que desde 2006 estas personas han recibido un tratamiento médico deficiente, que hoy hay pacientes que están en riesgo y que eso es parte de lo que se reclama al Estado.
“Esta es una demanda millonaria contra el Estado y la Caja de Seguro Social, exigiendo un reembolso por los daños y perjuicios que han causado a todas estas personas”, indicó.
Una de ellas es Julissa Berguido, quien mientras sostenía un cuadro de su madre que murió por las secuelas del dietilenglicol, dijo que el proceso ha sido muy difícil para su familia, y que han tenido que sufrir la mala atención por ser solo víctimas.
Sumado a ella, su hija Liz Vázquez, de 25 años, también es una de las sobrevivientes que lucha por la causa, a pesar de padecer diversas afecciones como “desautonomía múltiple” a raíz del veneno.
Gloria de Coronado, una de las personas que quedó con secuelas tras consumir el “jarabe de la muerte” en Panamá. EFE
Otra de los afectados desde 2006 es Gloria de Coronado, quien se mantiene pendiente de que el caso avance a pesar de que la Justicia no ha respaldado a los que han sufrido las secuelas.
“Vivo una sentencia de muerte y todo a causa de beber un jarabe con dietilenglicol. A pesar de ello, esta demanda es histórica, y no ha sido fácil, ya llevamos casi 13 años y todavía hay personas afectadas que no se han presentado”, denunció.
Ahora Coronado espera que prospere la demanda, en medio de una cantidad de padecimientos que sufre como diabetes, problemas de colon, y dolores cervicales y lumbares.
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En abril de este año, la Corte Suprema revocó la absolución de cinco personas, entre ellas el ex director de la estatal Caja del Seguro Social, René Luciani, y las condenó a 18 meses de cárcel.
En la sentencia original, que fue dictada en julio de 2016 e invalidada después por el máximo tribunal, sólo fueron condenados cinco de los casi 30 imputados, lo que causó gran decepción entre las víctimas.
Fuente EFE