El Gobierno trabaja en un Presupuesto 2019 “de ajuste” que prevé una caída del 30% en la obra pública. Cuando el proyecto ingrese a la Cámara de Diputados con fecha límite
del 15 de setiembre, en el oficialismo de Cambiemos esperan una “discusión” con la oposición por esta disminución.
“Los gobernadores están a la defensiva esperando un presupuesto, por ejemplo, con la derogación de la moratoria jubilatoria (a las amas de casa). No será así, buscamos que sea un presupuesto sin ‘bombitas’, el secreto es cómo escribirlo para que no haya ninguna excusa para no votarlo”, indicó un alta fuente oficial al tanto de la elaboración de la “ley de leyes”.
El interés oficial es que el Presupuesto 2019 resulte aprobado, no tanto porque sea un instrumento indispensable para la gestión sino para dar una señal de gobernabilidad en momentos críticos, con la desconfianza de los mercados hacia el programa económico del Gobierno y en su capacidad de conseguir financiamiento para hacer frente a las obligaciones del año que viene.
Sesión de la Cámara de Diputados, en junio pasado.
La fuente consultada indicó que la discusión “es sobre todo jurisdiccional” entre el Gobierno y las provincias, a las que se pide compartir el esfuerzo para llevar el déficit al 1,3% del PBI.
Siguieron descartando que el recorte pueda centrarse en la ayuda social.
“Lo que está sobre la mesa es todo lo que el Estado nacional subsidia a las provincias”, indicaron. Como señaló Clarín en su edición de este lunes, para cumplir con el compromiso con el FMI de baja del déficit se busca que las provincias resignen $100.000 millones, y otros $200.000 deberá eliminar de sus gastos la administración de Mauricio Macri. Los gobernadores, se sabe, están inquietos por tener confirmación oficial de por dónde pasan los recortes pretendidos.
Hay un “menú de opciones” según la fuente consultada, que incluye:
-Jubilaciones: “desarmar” o lograr “el autofinanciamiento” de los regímenes especiales jubilatorios (docentes, personal militar y de fuerzas de seguridad, cuerpo diplomático, entre otros).
-Fondo de Incentivo Docente: aunque el Ministerio de Educación ratificó días atrás que se seguirá pagando, buscando transmitir tranquilidad a los sindicatos docentes, las fuentes volvieron a poner en duda esta distribución de 20 mil millones de pesos, ya que la idea es transferir el costo del Fondo a las provincias.
– Una “mayor eficacia del gasto de la ANSeS”, buscando reducir gastos que consideran “mal asignados” por falta de controles.
– Reducción de subsidios al transporte. Son $ 3 mil millones, que las provincias deberían empezar a costear o aumentar las tarifas para no tener que sacar la plata de sus cuentas.
Para obra pública en 2018 se destinaron $185 mil millones. Sin tener en cuenta un ajuste por inflación, si a esta suma se le hace una quita del 30%, quedarían menos de $130 mil millones para este rubro en 2019
Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
“¿Dónde se va a ahorrar?”, preguntan en voz alta en el Gobierno y admiten: “En gran medida en el gasto nacional, en incrementos nominales que estarán por abajo de la inflación”.
En el traslado de gastos a las provincias, en Cambiemos admiten que la eliminación del Fondo Sojero a través de un DNU de Macri, “fue un anticipo para sacar presión al debate del Presupuesto”. Este DNU denunciado como violatorio del Pacto Fiscal está siendo muy cuestionado por gobernadores y legisladores de la oposición. El peronismo de Argentina Federal presentó un proyecto en Diputados para derogarlo. Como sea, en el Congreso confían en contar con AF -el peronismo no K- para avanzar con el Presupuesto.