El avance por el 75% del ajuste correspondiente a las provincias no implicó que el camino del Gobierno se allanara para un andar plácido hacia la sanción del Presupuesto. Quedaron pendientes
las compensaciones por esos $75.000 millones de poda, una dura discusión por el 25% restante, las diferencias conceptuales por el pedido de un grupo de mandatarios peronistas para poner también el foco en los ingresos y la exigencia de conocer qué recortes hará la Nación. “Ya que están tan obsesionados con el gasto, ¿por qué además de discutir tanto qué sacamos nosotros no muestran la parte de ellos?”, dijo a Clarín un gobernador opositor de buena relación con la Casa Rosada aunque firme para plantear exigencias antes de avalar el acuerdo.
La recesión ya llegó: ¿hasta cuándo?
El pedido se coló en las reuniones entre los funcionarios que negocian por parte de Nación (Alejandro Caldarelli, Rodrigo Pena, Paulino Caballero) y los ministros de Economía provinciales. Además de los $100.000 millones que tendrán que resignar los distritos, $200.000 millones correrán por cuenta de la administración de Mauricio Macri para alcanzar en total unos $300.000 millones (algunos relativizan que se llegue a esa cifra) y así reducir el déficit al 1,3% del PBI para cumplir con el compromiso con el FMI. Más allá de un retruco, hay inquietud entre los gobernadores porque esos ítem de algún modo también impactarán en las provincias y sus habitantes. Los representantes macristas adelantaron algunos rubros con el cálculo de cuánto ahorro significarían y mostraron un powerpoint, aunque no entregaron nada cerrado. “Lo estamos trabajando. Es un laburo silencioso con participación de todos los ministerios”, dijeron con hermetismo en la Casa Rosada.
El Presupuesto, la última apuesta a la racionalidad
“Siempre arrancan con que $100.000 millones los cortan de obra pública“, dijo a Clarín uno de los ministros que reconstruyeron la composición del ajuste de la parte de Nación, en base a las conversaciones con los funcionarios de Hacienda e Interior, y marcó que ese renglón será uno de los que tendrá efecto en sus territorios. En el resto sobresalen tres ítems, pese a que el Gobierno viene asegurando que no reducirá la asistencia social: jubilaciones ($15.000 millones), Asignación Universal por Hijo ($9.000 millones) y Emergencia Social ($6.000 millones). Por el primer punto en la Casa Rosada refirieron al “ahorro” a partir de la fórmula ya sancionada en 2017 y eventuales modificaciones con los llamados haberes de privilegio, cuestión en la que machacaron Macri y funcionarios en el último tiempo. Un recorte en la AUH fue desestimado: “No tenemos margen”. El acuerdo con el FMI incluye una “salvaguarda” para aumentar la ayuda social, de 0,2% del PBI para 2018. “Algunas cosas, como congelar la AUH y la Emergencia, las plantearon en el caso de que el panorama se complique todavía más. Nosotros no creemos que tengan margen para eso”, fue la evaluación en el peronismo.
Otros tres renglones remiten a los subsidios en energía ($8.000 millones), transporte ($3.000 millones) y al gas en la Patagonia ($7.000 millones), este último también con un alto costo político y el antecedente de la marcha atrás a los beneficios por zonas en las asignaciones familiares. El ajuste se completa con $12.000 millones en bienes y servicios (consumos operativos del Estado, gastos en alquileres, combustible), $10.000 millones en PAMI, otros $10.000 millones en empresas públicas, $8.000 en salarios y $6.000 en AFIP, con el congelamiento de bonos de estímulo a los empleados. Más allá de esas estimaciones, los gobernadores quedaron a la espera de una confirmación oficial. “Queremos que nos digan con claridad por dónde va a pasar el ajuste, porque es algo que también nos toca a nosotros”, insistieron los mandatarios, aun con sus matices con coincidencias en los reclamos. “Esa parte no está en discusión. Todos saben que vamos a cumplir, no hay que consensuarlo”, replicaron en Balcarce 50. Para intentar saldar esa diferencia y otras pujas habrá otra reunión esta semana.