Los casi 15 cuerpos con escuchas y conversaciones de WhatsApp que derivaron en la detención del ex juez César Melazo tendrían datos “todavía más explosivos”, según admitió el procurador de
la Suprema Corte, Julio Conte Grand.
Son expedientes judiciales cargados con datos, conversaciones y otras pruebas que permitieron ligar al ex magistrado, a un ex barrabrava y a un “operador” de Tribunales en la causa de la banda de policías, ladrones y funcionarios judiciales que operaba en La Plata como una presunta “asociación ilícita” dedicada a desvalijar casas y cometer estafas con autos robados, entre otros delitos.
Cerca del mediodía, en equipos de traslado de la Policía Federal, llevaron este sábado a Melazo hasta las fiscalías de La Plata. El mismo edificio donde el ahora sospechado de integrar esa organización delictiva trabajó por más de 30 años.
“No sabemos los detalles del auto de procesamiento; no conocemos los elementos que tienen contra el imputado y no nos mostraron las pruebas”, dijo a Clarín un integrante de la defensa de Melazo, quien recién estuvo cara a cara con la fiscal del caso este sábado a la noche.
El jefe de los fiscales de la Provincia adelantó que habrá novedades. “La investigación, en los próximos días, nos llevará a un escenario sorprendente”, aseguró. No dio más detalles porque aún no están relevadas todas las pruebas y tampoco alcanzaron a analizar la montaña de indicios que encontró la fiscal Betina Lacki en su instrucción.
Pero fuentes judiciales admitieron a Clarín que en las innumerables charlas grabadas entre algunos de los ahora 14 detenidos en este proceso (ladrones, escruchantes, estafadores, muchos imputados por varios episodios) aparecen mencionados otros dos jueces en actividad: uno de ellos preside una de las salas del Tribunal de Casación, igual que Martín Ordoqui, a quien ayer le informaron de una imputación por presunto “tráfico de influencias”.
También aparece mencionado un actual juez de Garantías (el mismo cargo al que renunció Melazo el año pasado, en medio de un proceso de jury). Presos y abogados de esos detenidos hacen referencia a ese funcionario judicial como “El Gordo”, un apodo con el que también sería conocido en el ámbito del fuero penal.
Además, los vínculos de esta banda se extenderían a funcionarios de la administración municipal “anterior a la actual”, aclararon los informantes. En más de una grabación personas imputadas o presas por delitos sugieren que “el concejal, que quiere ser candidato a intendente” tiene vínculos con la Justicia para otorgar beneficios procesales o atajos legales para favorecer situaciones penales.
La onda expansiva de la causa llegaría además a ex integrantes del Gobierno provincial que culminó en diciembre de 2015, sostienen fuentes que tienen acceso al expediente.