Un tribunal de Quito anuló la regulación del Gobierno de exigir pasaportes a los emigrantes venezolanos que entran al país y dio un plazo de 45 días al Ministerio de Relaciones
Exteriores para que presente un plan de contingencia humanitario frente a los problemas de la emigración.
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La Unidad Judicial Tercera de la Familia dio un vuelco en el presente de los miles de emigrantes que golpean las puertas de Ecuador desde hace meses, y en particular de aquellos que ya habían salido de Venezuela sin pasaporte y estaban de camino o incluso en las terminales.
“Este es un triunfo histórico de la justicia y un triunfo histórico de los derechos humanos”, se congratuló el abogado Ernesto Pazmiño al aplaudir la decisión judicial en nombre de la Defensoría del Pueblo.
Inmigrantes venezolanos llegan a Perú por la frontera con Ecuador intentando ingresar al país antes de que se cierre el paso para los inmigrantes de este país que no disponen de pasaporte. /EFE/Ernesto Arias
Sin embargo, por el momento no está claro si la jueza ha anulado de forma definitiva la aplicación de la regulación, que entró en vigor el pasado sábado, o la ha condicionado al plan de contingencia que debe presentar el Ministerio de Exteriores en 45 días.
Pazmiño aseguró que no hay relación entre las dos cosas y que lo que la jueza solicitó es un “plan humanitario” que dé respuesta a los problemas que origina la masiva llegada de venezolanos, pero que en ningún caso el Gobierno podrá volver a instaurar la restricción de los pasaportes.
Sin embargo, el ministro de Exteriores, José Valencia, que anunció inmediatamente nuevas medidas de control en frontera, consideró que la prohibición de exigir el pasaporte es únicamente por 45 días.
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La jueza Judith Naranjo “fundamentó su decisión en el artículo 1 de las Constitución”, que establece que “Ecuador es un Estado de derecho y justicia”, puntualizó Pazmiño al negar esa posibilidad.
Pazmiño insistió en que lo que ha hecho la jueza es “sumarse al pedido y al clamor de Ecuador, América y del mundo de que se dé una respuesta humanitaria al tema de la migración”, que es un “problema regional” de todos los países latinoamericanos y deberá ser tratado en una reunión a mitad de septiembre convocada por Quito.
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La decisión fue tomada en una audiencia de solicitud de medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo contra la exigencia de pedir el pasaporte a los ciudadanos venezolanos, lo que había creado una gran incertidumbre entre los migrantes.
Sobre todo porque Perú, su principal destino, se sumó a la iniciativa y la piensa aplicar desde la próxima medianoche.
Fuente: EFE