Aunque en un segundo plano, opacado por el impacto estelar y cotidiano que tiene la causa de los cuadernos, Lázaro Báez debe seguir respondiendo ante la justicia. El empresario patagónico será
indagado este viernes por el juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, que lo tiene imputado como integrante de una presunta asociación ilícita fiscal junto a su hijo Martín. A través de su nave insignia, Austral Construcciones, los Báez habrían logrado evadir unos 20 millones de pesos con el uso de facturas apócrifas que aportaron tres grupos de empresarios bahienses.
El trámite judicial, previsto en el edificio de Alsina 317, no contempla el traslado de Lázaro Báez a Bahía Blanca, sino que responderá a la requisitoria a través de una videoconferencia desde el penal de Ezeiza, donde está preso.
El socio de los Kirchner abrirá una serie de indagatorias que seguirá la semana próxima con Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti, responsables de las firmas Grupo Penta S.A., Calvento S.A. y Terrafari, todas de vínculos con Austral Construcciones. Del 3 al 6 de septiembre será el turno de Silvio, Antonio, Denis Ariel y Jorge Ferreyra, titulares de Constructora Patagónica Argentina S.A.
La ronda de declaraciones fijada por el juzgado bahiense seguirá con Mario e Iván Pedraza, dueños de Iberoamericana de Servicios, el financista Néstor Manuel Piñeiro y el contador Rogelio Chanquía. Este último fue contador de los Ficcadenti y junto a Piñeiro, propietario de la financiera bahiense Crediba, tienen vínculos con Juan Ignacio Suris, el amigo de Leonardo Fariña, que debe afrontar, además de un nuevo juicio como presunto líder de una banda de narcotraficantes, otro proceso por estar al frente de una asociación ilícita fiscal, también montada sobre la base de la emisión y comercialización de facturas apócrifas.
En la causa que instruye López Da Silva constan informes producidos por AFIP respecto de una inexistente conexión comercial entre el Grupo Penta S.A.y Austral Construcciones pese a las facturas que circularon entre una y otra. A similares conclusiones llega el informe de AFIP respecto de la conexión triangulada entre Constructora Patagónica S.A., las empresas del grupo Ficcadenti y la de Báez, “de la que se concluye su ilegalidad” sostiene la fiscalía bahiense representada por Antonio Castaño, en la audiencia de hoy.
En febrero de 2017, a pocos meses de asumir en el cargo, López Da Silva se declaró incompetente para actuar en esta causa y le giró las actuaciones a su par Sebastián Casanello, quien por entonces investigaba a Báez por lavado de dinero. Sin embargo, el juez capitalino rechazó el expediente y la pugna fue resuelta por la Cámara Federal bahiense que finalmente mantuvo la causa en Bahía Blanca. No obstante, Casanello no perdió interés en la investigación ya que de avanzar hacia una condena contra Báez, el delito penado podría convertirse en el precedente necesario para acusar al empresario patagónico por lavado.
En junio pasado y en base a la investigación local, Casanello procesó por encubrimiento agravado y violaciones de los deberes de funcionario público a Ricardo Echegaray, en la causa por lavado contra Báez. Aludiendo a un conflicto gremial ya superado, el ex administrador de la AFIP cerró en agosto de 2012 la delegación regional del organismo y la trasladó a Mar del Plata. Para los investigadores, tuvo como fin evitar el avance de las pesquisas que ya apuntaban a Austral Construcciones por evasión fiscal. Para la fiscalía bahiense, la maniobra atribuida a Báez y sus socios bahienses“no hubiese sido posible sin la connivencia, protección y apoyo interno del organismo recaudador”.