A un año y medio de la reforma de la ley de Riesgos del Trabajo (ley 27.348), uno de los efectos más visibles en el mercado fue la merma en la
litigiosidad del sistema. Según los datos que maneja la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre enero y mayo de este año la cantidad de juicios laborales por accidentes de trabajo disminuyó 34% respecto del mismo lapso del año pasado. Sin embargo, las aseguradoras advierten que la reforma no está concluida porque resta la conformación de los cuerpos médicos forenses para resolver el stock de unos 340 mil juicios pendientes más que los que siguen ingresando.
Según Gustavo Morón, superintendente del área, “los resultados son contundentes”. Dice que no sólo se logró bajar el nivel de litigiosidad desde que entró en vigencia la ley. Además se homologó el 89% de los casos presentados en las comisiones médicas y se produjo un ahorro de unos $13 mil millones como consecuencia del abaratamiento de las alícuotas que pagan los empleadores a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). Esas alícuotas, se redujeron del 3,52% al 3,02% promedio, de la masa salarial, para las provincias que adhirieron al sistema. Entre ellas, los distritos de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aire, Córdoba y Mendoza concentran el 81% de los litigios.
La peor caída en casi diez años
Estos datos forman parte del balance que hizo la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) sobre el funcionamiento de la reforma del régimen a un año y medio de haber sido sancionada por el Congreso. Los efectos de la ley impactan sobre unos 10 millones de trabajadores y sobre 1,5 millones de empleadores.
Uno de los cambios que se incorporó al sistema, con la nueva ley, es el procedimiento para dirimir las controversias entre empleados y empleadores en cuanto al grado de discapacidad remanente después de cada accidente laboral. La nueva reglamentación instauró así, la obligatoriedad de los empleados que sufren un accidente en el ámbito laboral, de pasar por las comisiones medicas del sistema antes de presentar una demanda judicial. Hasta mayo de este año, según los datos oficiales, en las 14 provincias que adhirieron a la ley existían 139.000 tramites en esas comisiones médicas.
Sin embargo, las empresas que conforman la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART), insisten en que aún quedan situaciones pendientes para sanear el mercado.
En 12 meses, la canasta de pobreza ya aumentó el 34%
“Para que la ley esté completa, falta la parte judicial”, explican. Es decir, que las provincias adheridas, conformen los cuerpos médicos forenses, , donde los peritos tomen en cuenta el Baremo (una especie de nomenclador de las incapacidades) para determinarlas. “Y que comiencen a cobrar por acto medico, como lo establece la ley, y no según el porcentaje del monto de la sentencia”, advierten.
Esta demora en la correcta implementación de la ley, “sale muy cara”, según las aseguradoras, porque la Justicia siguen fallando según otros criterios y esa situación desfinancia al sistema.