El Gobierno recibió 1.824 solicitudes de empleados públicos para adherirse al plan de retiros voluntarios, que Mauricio Macri implementó en abril pasado y venció a fines de julio. Esa cifra es
inferior a los 5.000 cargos de planta permanente que esperaba reducir el Gobierno. Por eso, otorgó una prórroga hasta fines de agosto para el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El Gobierno anunció que el plan de retiros voluntarios le va a permitir a los empleados inscriptos mantener la obra social y cobrar hasta 36 sueldos mensuales, en función de la edad y la cantidad de años de antigüedad. Pero la normativa impide acogerse al retiro voluntario a docentes, profesionales de la salud, científicos, policías, militares, espías y diplomáticos, así que había sólo 80.000 agentes en condiciones de tomar retiros voluntarios. La prórroga para el personal civil de las fuerzas de seguridad permitirá continuar con la inscripción al plan de retiros voluntarios a un universo potencial de 24.000 empleados.
El plan contempla que no se podrá reemplazar por nuevos empleados a ninguno de los que adhieran al retiro voluntario. Según los datos del Ministerio de Modernización, que encabeza Andrés Ibarra, entre 2005 y 2015 la Administración Pública Nacional incrementó su plantel de recursos humanos un 88%, incorporando 112.400 empleados públicos. En cambio, durante la gestión de Mauricio Macri el personal civil de la APN se redujo en 32.705 empleados, un 13,6% del total. “Esto representa un ahorro de unos 18.000 millones de pesos”, dijeron en Modernización.
Además de las 1.824 solicitudes para tomar un retiro voluntario, hubo 1.500 empleados públicos que renunciaron durante el último año por no poder cumplir con los horarios que quedaron registrados en los sistemas biométricos de control de asistencia. Esos equipos los implementó Modernización en la mitad de los organismos públicos y planea llevarlos a todas las dependencias hacia fines del año que viene.
En la actualidad hay 206.895 empleados públicos en el Estado nacional. Los retiros voluntarios permitirían profundizar la reducción en la cantidad de empleados públicos, en combinación con el congelamiento del ingreso de nuevos trabajadores, que el gobierno resolvió implementar el mes pasado.
El régimen establecido para los retiros voluntarios era para los empleados de todos los ministerios y organismos descentralizados, incluyendo los que trabajan en PAMI, ANSES y AFIP, entre otros. Contemplaba el pago de una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de sueldo neto, para los que tengan entre 60 y 65 años de edad. Mientras que quienes tuvieran menos de 60 años, con más de 10 años de antigüedad en el Estado, podrían cobrar 24 cuotas mensuales, más 6 cuotas al momento de la baja. También podrían cobrar los empleados públicos que tengan 65 años o más, pero que no tengan la cantidad de años de servicio necesarios para obtener su jubilación.
Aquellos que adherían al plan de retiros voluntarios seguían teniendo la cobertura de obra social mientras cobraban las cuotas mensuales o hasta que se jubilen. Ahora sólo rige temporalmente para el personal civil de las FFAA y la Seguridad.
“Queremos facilitar la adecuación de las plantas del Estado, en el marco del planeamiento de las dotaciones”, señalaron fuentes de Modernización. Y explicaron que el objetivo del Plan de Dotaciones es determinar “la cantidad y perfil de los recursos humanos necesarios en cada organismo para cumplir con sus funciones y objetivos”.
Los gremios estatales rechazaron el plan. Cuando el Gobierno dictó el decreto, en abril, Andrés Rodríguez, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) dijo que la planta de personal estatal “no está para nada sobredimensionada” y que el plan de retiros voluntarios provocará una “merma” de empleados “altamente capacitados”. Desde la seccional porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que el plan oficial es “una versión devaluada del manual de los ‘90″.