El dolor en Génova, tras el desplome del puente Morandi, dio paso ayer a una agria controversia, cuando familiares de 17 de los 38 fallecidos rechazaron participar en el funeral de Estado que el gobierno convocó hoy por considerarlo una “farsa”. Los funerales solemnes se oficiarán en el centro de exposiciones de Génova, con una misa celebrada por el arzobispo de Milán en presencia de las autoridades del Estado, entre ellas el presidente Sergio Mattarella y el primer ministro Giuseppe Conte.
“No queremos una ceremonia farsa”, escribió en las redes sociales Roberto, el padre de Giovanni Battiloro, uno de los cuatro jóvenes del municipio de Torre del Greco, Nápoles, que se dirigían en coche hacia Barcelona para pasar unos días de vacaciones. “Mi hijo no se convertirá en un número en la lista de muertes provocadas por una falta de eficiencia italiana”, añadió, al tiempo que pidió Justicia.
No fue el único familiar que cuestionó a las autoridades. Nunzia, madre de Gerardo Esposito, otro de los cuatro amigos napolitanos, aseveró que “el Estado ha causado esto”. “El desfile de políticos es vergonzoso”, agregó.
Las acusaciones de los familiares reavivó la polémica que enfrenta el gobierno italiano por el puente que se desplomó. La noche del siniestro, el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, participó de un acto partidario con militantes de su agrupación, la Liga, un comportamiento que despertó indignación en toda la península.
Mientras en Génova mil efectivos, entre ellos bomberos, policías y médicos, se afanaban por retirar los escombros y buscar sobrevivientes, el ministro cenaba junto a 260 personas pescado y brindaba con vino, como se puede ver en fotografías que subieron a las redes sociales miembros de su partido.
Funeral y polémica. El gobierno proclamó hoy una jornada de luto nacional. La despedida de los restos de los fallecidos contará con la presencia del primer ministro y de los vicepresidentes Luigi Di Maio y Salvini.
La feroz controversia entre el gobierno italiano y la sociedad que gestiona la autopista, Autostrade per l’Italia, continuaba ayer en plena escalada. El Ejecutivo anunció su intención de revocar el contrato de concesión. “No se puede morir tras pagar un peaje en Italia”, sentenció el viceprimer ministro Di Maio, ministro de Desarrollo Económico y jefe del Movimiento 5 Estrellas (M5S). “No podemos esperar a la Justicia Penal”, aseguró, por su lado, el premier Conte.
El grupo Atlantia, controlado por la familia Benetton, y del que es filial Autostrade per l’Italia, aseguró que los controles de seguridad fueron los correctos. La sociedad afirmó que trabaja “con ahínco” en la reconstrucción del puente, obra que debería terminarse “en cinco meses”, una vez que el lugar sea accesible tras el fin de las operaciones de búsqueda de sobrevivientes.
Dolor. Las familias velaron ayer a las víctimas. Los féretros, cubiertos de flores y fotografías, fueron colocados en una capilla ardiente que permaneció abierta durante toda la noche. En tanto, los socorristas buscaban aún a entre diez y veinte desaparecidos que podrían haber pasado por el viaducto y de los que no se tiene noticia desde el derrumbe. “Las búsquedas prosiguen con la demolición y evacuación de grandes bloques del viaducto desplomado”, informaron los bomberos.
El siniestro dejó, por el momento, 38 muertos, tres de ellos niños, y 15 heridos, según cifras de la Delegación del Gobierno en Génova. Diez de los heridos todavía se encontraban internados en hospitales, seis de ellos en estado grave.