Según indicaron fuentes judiciales, López firmó un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli para convertirse en “imputado colaborador” en la causa, un cambio sustancial en su conducta judicial, puesto que desde su detención en la noche de los bolsos con dinero en el convento de General Rodríguez, en junio de 2016, .se había mantenido en silencio, y recién esta semana destacó que “los bolsos no eran míos, era dinero de gente de la política, que me usó como chivo expiatorio”. Ahora el juez Claudio Bonadio deberá resolver sobre el tema, homologando o rechazando el pedido de López de colaborar en la investgación, aunque ya se anticipó que aun cuando el magistrado avale ese acuerdo, López seguirá detenido. Por supuesto que estará en un lugar secreto, pero no quedará como en libertad como ha ocurrido con otros arrepentidos importantes en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno.
Similar es el caso del financista Ernesto Clarens, cercano al matrimonio Kirchner y quien también hizo este viernes su descargo como “arrepentido” tras haber sido mencionado por algunos de los empresarios como el receptor de las coimas, y también Bonadio deberá decidirá si acepta su solicitud. Clarens es otro nombre de peso en las causas donde se investiga si los Kirchner lavaron dinero: de hecho su financiera, Invernes S.A., es foco de diversas investigaciones y acusada de haberle garantizado al empresario Lázaro Báez la es estructura necesaria para llevar millones de dólares al exterior.
López quedó bajo el Sistema de Protección de Testigos que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia, tras manifestar que “temía por su seguridad y la de su familia”, sobremanera ahora que aceptó “hablar” en la causa que involucra a empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo. Por ese motivo, no regresará al penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde aquella madrugada de junio de 2016 cuando fue detectado con bolsos con millones de dólares en un convento de General Rodríguez: será alojado transitoriamente en un “domicilio reservado”. El sistema, de hecho, se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un “aporte trascendente” a una investigación judicial de competencia federal y que, como consecuencia de ello, se encuentren en una situación de riesgo.