Uno nuevo escándalo sindical, ahora por una obra social. Unos 100.000 afiliados del sindicato del Personal de Seguridad (OSPSIP) quedaron de rehenes por las denuncias por la deficiencia en las prestaciones
a raíz de un polvorín en el que se cruzan la intervención del gremio, la obra social y una fuerte interna gremial.
Según una auditoria realizada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), la obra social de ese sindicato se encuentra en “riesgo prestacional” con un rojo en su patrimonio neto de casi 45 millones de pesos y un déficit operacional del último año en torno a los 35 millones de pesos. Este informe ya está en el escritorio de Ariel Lijo, el juez federal que sigue la intervención del gremio.
A diferencia del SOMU, por ejemplo, la Justicia decidió no intervenir la obra social que continúa en poder de los trabajadores y en cabeza de Ángel García, quien fue el secretario general del gremio (UPSRA, Unión del Personal de Seguridad) por más de 30 años. También toma decisiones en la OSPSIP su mujer, Celestina Ferrara, por ser la tesorera.
De hecho, Clarín accedió a un documento firmado por delegados regionales en el que le hacen saber a García y Ferrara que le piden al Estado la intervención de la obra social por la “vulneración masiva de los derechos de los afiliados (…) al quedar en situación de desamparo en materia de prestaciones de salud“.
Clarín conversó con un representante legal de la obra social y convalidó la penuria económica pero la remitió a que “la intervención es la que nos asfixia financieramente porque sino seríamos económicamente sustentables”. Más allá de la declaración, los sueldos del personal de seguridad son uno de los más bajos de mercado laboral y con los aportes no se llega a cubrir el PMO (Programa Médico Obligatorio); algo que este abogado reconoció.
En su descargo, el letrado también apuntó contra el Ministerio de Trabajo: “Nos sacaron de manera arbitraria el aporte que realizaban las cámaras empresarias a la obra social”. Hoy por hoy, los principales ingresos de la OSPSIP son las transferencias de la SSS por reintegros, y los distintos programas que hacen a las coberturas que recibe cualquier obra social.
Fuentes que siguen la controvertida situación consideran un “híbrido” la situación en que un sindicato esté intervenido y su obra social no, por lo que consideran un imposible que el delegado interventor vaya a girar dinero a quienes desplazaron y están siendo investigados.
En el medio de la discusión, la semana pasada violentaron y provocaron destrozos en la sede de la obra social en Mar del Plata. Por esto hay una denuncia penal y todo hace pensar a una revuelta por la interna que anida en el gremio. Es que la intervención fue el desenlace de una disputa histórica entre dos líneas internas del gremio, la encabezada por García, cercano durante años a Luis Barrionuevo, aunque el gastronómico le soltó la mano; y la de un ex aliado pero ahora rival, Leónidas Riquelme.
La intervención cayó sobre el gremio luego de que García empezara a conformar el plan electoral a mediados de 2016: todo terminó por las denuncias por haber gente armada en una asamblea que debía conformar la Junta Electoral.