A quince días del inicio del escándalo de los cuadernos, convertirse en imputado colaborador en la causa se torna cada vez más complicado. El aporte de información a la investigación debe
ser cada vez de mayor envergadura. Mientras el empresario Aldo Roggio tardó tres días en convencer al juez Claudio Bonadio, para el dueño de Emepa -Gabriel Romero-, la situación no es sencilla. Su primer aporte no fue suficiente y deberá volver este jueves a los Tribunales de Comodoro Py para ver si obtiene la homologación pretendida.
La negociación no es sencilla. La Justicia pretende información congruente con el peso de las empresas. Por ello quedó en la mira el dueño del grupo Emepa Gabriel Romero, que pretende ser el nuevo arrepentido en la causa que investiga una asociación ilícita dedicada a recaudarcoimas que pagaban diversas empresas contratistas del Estado.
El empresario se presentó el martes por la noche ante el fiscal Stornelli, y ofreció ser imputado colaborador. Un directivo de su firma, Rodolfo Poblete, ya había intentado obtener su libertad tras acordar como “arrepentido” junto a su superior. Pero esto no ocurrió, y Poblete volvió el miércoles a la noche al penal de Marcos Paz.
Los empresarios están acusados de ser partícipes necesarios de una asociación ilícita destinada al cobro de sobornos por más de 200 millones de dólares.
El dueño del grupo EMEPA, una de cuyas firmas es Hidrovía SA, allanada hace quince días por orden del juez Bonadio, deberá hacer un aporte sustancial a la causa respecto a sus negocios con el Estado “en qué condiciones de realizaban, cómo era el proceso, y qué exigencias financieras se imponían”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Hace dos días el ejecutivo pidió ser imputado colaborador en la causa donde se investiga al menos a 23 compañías como responsables de realizar un “sinnúmero de pagos de fondos ilegales” al gobierno kirchnerista.
Para lograrlo deberá aportar información vinculada a Hidrovía y al área transporte donde obtuvo concesiones, según pudo saber Clarín desde el entorno de la defensa del empresario.
Su empresa, como otras de la construcción y del sector energético, está mencionada por Centeno en algunos tramos de los cuadernos y además está incluida dentro de las compañías que realizaban pagos al gobierno de Cristina Kirchner.
El nombre de Poblete figura en los manuscritos de Centeno en la anotación del 19 de marzo de 2010, cuando según los registros del ex chofer existió una reunión en la que se entregó dinero, cuyo destino final fue el departamento de la mano de derecha de Julio De Vido.
“Lo llevé al licenciado Baratta y a Nelson Lazarte al 2do subsuelo de Alvear 1491, donde lo esperaba Rodolfo Paulette (sic), donde le entregó un bolso con 300 mil dólares al Lic. Baratta mientras con Nelson presenciamos desde el auto”, escribió Centeno.
Y amplió: “Salimos raudamente y lo llevé al Lic. a su depto, donde bajó con todo. Luego Nelson se fue y yo me quedé hasta las 18:00, cuando el Lic se fue en su auto a la Quinta de Olivos a jugar a la pelota con Néstor Kirchner e invitados”.
El listado de empresarios que buscan convertirse en “arrepentidos” crece día a día en la investigación. Con más de veinte empresas bajo investigación, cuyo número se incrementará después que Carlos Wagner -ex presidente de la Cámara de la Construcción-, involucró a otras diez compañías cuando se convirtió en imputado colaborador, más ejecutivos buscarán alcanzar ese beneficio.