A propuesta del diputado que lo había denunciado, Pablo Tonelli (PRO-Cambiemos), el Consejo de la Magistratura aprobó este jueves por amplia mayoría desestimar una denuncia contra el juez federal Ariel Lijo
por su presunta participación comercial en un haras no informada en su declaración jurada de bienes y supuestamente surgida de los presuntos lazos comerciales de su hermano, Alfredo Lijo, con el destituido camarista Eduardo Freiler.
La desestimación fue únicamente rechazada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade pero contó con la aprobación de los otros consejeros presentes. No participaron de la votación la jueza Gabriela Vázquez y el diputado radical Mario Negri, de Cambiemos.
Lijo estaba acusado de haber incurrido en la causal de mal desempeño de sus funciones o al menos de una falta disciplinaria por no haber incluido en su declaración jurada una presunta participación en un haras que surgió durante la investigación al luego destituido Freiler, ex integrante de la sala I de la estratégica Cámara Federal penal porteña.
Sin embargo, de acuerdo con todos los informes recibidos por los investigadores desde distintos organismos oficiales y entidades privadas, básicamente de los rubros bancario e hípico, no se pudo comprobar que fuera propia la participación que sí tiene su hermano Alfredo.
“De ninguna de las respuestas recibidas en relación con lo requerido surge información, o al menos indicio objetivo alguno, que dé cuenta de la propiedad o participación del juez Ariel O. Lijo en el haras ‘La Generación’, que lo hubiera obligado a realizar la declaración correspondiente en sus declaraciones juradas patrimoniales integrales”, dice el dictamen desestimatorio aprobado.
Tanto el juez federal como su hermano fueron denunciados la semana pasada por la diputada Elisa Carrió en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py supuestamente por haber conformado una asociación ilícita con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su ex secretario privado, José María Olazagasti -ambos detenidos- destinada a encubrir presuntos actos de corrupción durante el gobierno kirchnerista.