Entre los funcionarios más cercanos al presidente Mauricio Macri comenzaron a trabajar en este sentido bajo la premisa de poder tener un mayor control sobre las contratistas, poder poner multas más altas a los incumplimientos y tener más herramientas para terminar un contrato.
Todo, con el objetivo de que las firmas desplazadas no tengan argumentos jurídicos para realizar juicios millonarios al Estado, tal como ocurrió con la filial argentina de Odebrecht.
Según pudo saber PERFIL, el borrador que empezó a pensar el Gobierno supone flexibilizar los términos para dar de bajar una obra pública. Hoy existen tres causales para rescindir un contrato:
1. No cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos en los pliegos. En este punto, primero se establecen intimaciones y multas, que hacen engorroso burocráticamente el proceso, antes de terminar con el contrato. Al final del camino, se puede dar de baja.
2. Una sentencia judicial ante un Tribunal Oral. En otras palabras, desde que se inicia una causa, unos seis años al menos. Este es un punto clave: muchos de los posibles procesados del “cuadernogate” podrían no entrar hasta que sean juzgados en la etapa oral. En la instrucción no cuenta el procesamiento.
3. Una denuncia de un funcionario público por cohecho (coimas) contra una empresa. Fue el caso de Javier Iguacel, el ministro de Energía, cuando estaba al frente de Vialidad y fue uno de los que denunció a Lázaro Báez y Austral Construcciones. La denuncia fue clave para la causa que lo tiene al empresario patagónico preso.
La actual ley de obra pública es de 1949 y, según confiaron fuentes oficiales, tiene enormes “lagunas” que dejan poco margen de maniobra.
“La idea es que, por ejemplo, si hay arrepentidos de pagar coimas a cambio de obras públicas, poder tomar una determinación contra ellos de manera simple y sencilla”, cuenta uno de los funcionarios que empezó a trabajar con el tema.
Entre otras cuestiones, podrían también cambiar el esquema de multas, tomando como modelo a Brasil. “Hoy son bajas”, confían en el Ejecutivo.
También, buscan darle un rol mucho más activo al Registro de Constructores que depende del Ministerio del Interior. Hoy desde el Registro, donde todas las contratistas deben tener sus papeles al día para tener negocios con el Estado, no tienen capacidad para interceder de manera directa ante una irregularidad sino que solo puede hacerlo el organismo que realizó la contratación. Ahora, se buscará que la opinión que surja de los técnicos que trabajan a diario con las empresas de obra pública sea vinculante y permita, por caso, sacar a una firma de un trabajo determinado.
El caso testigo: Electroingeniería, la empresa del empresario detenido, Gerardo Ferreyra, de frondosos nexos con el kirchnerismo y que tiene dos represas a su cargo. La empresa hace tiempo ya que fue expulsada del Registro de contratistas, sin embargo continuó con las obras.