A petición del fiscal general de Brasil, el juez Kassio Marques dictaminó el martes que el cierre de la frontera brasileña a los venezolanos constituye una “violación del ejercicio de los derechos garantizados por la ley moderna”, según un comunicado de la Fiscalía General.
La policía federal de Brasil dijo que reabrió la frontera en el estado norteño de Roraima el martes por la mañana, siguiendo las órdenes del juez.
Se estima que 16.000 venezolanos llegaron a Roraima en los primeros seis meses de este año, según el portal de noticias G1, saturando los servicios públicos del estado de baja población. Con solo 10 refugios para personas sin hogar y una capacidad para unas 4.000 personas en el estado, muchos inmigrantes están durmiendo ahora en las calles. Hasta el momento, el Gobierno ha reubicado a solo 820 refugiados a otras partes de Brasil. Las informaciones sobre delincuencia y prostitución en Boa Vista, la capital del estado, están aumentando, lo que genera una mayor tensión entre los migrantes y los locales.
El juez Helder Girao Barreto emitió el mandato judicial que prohibía la entrada de venezolanos en Roraima. Se suponía que permanecería vigente hasta que el Gobierno intensificara los esfuerzos para reubicar a migrantes y mejorar las instalaciones disponibles para recibirlos.
La posibilidad de un cierre de la frontera con Venezuela, ya sea provisional o definitivamente, está completamente fuera de la agenda del Gobierno brasileño, dijo a Bloomberg una persona del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil familiarizado con el tema, y añadió que tal medida constituiría una violación de los acuerdos internacionales del país.
