Once meses antes del estallido en la red de gas de la Escuela Nº 49, en el que fallecieron la vicedirectora, Sandra Calamano, y el auxiliar docente Rubén Rodríguez, el Concejo dictaminó “la emergencia edilicia de los establecimientos educativos del distrito” y se le dio comunicación la Cámara de Diputados de Buenos Aires. Al mes, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense tomó la medida de intervenir el Consejo Escolar por comprobar “anomalías institucionales y administrativas”. Y nombró como interventor a Sebastián Matías Nasif, a cargo al momento de la tragedia.
“No queremos intervención, queremos respuestas”, decía el comunicado que la seccional del Suteba de Moreno lanzó ante la medida. “Para resolver el problema de las escuelas del distrito y las comunidades educativas necesitamos decisiones políticas y recursos, no una intervención, que lo que genera es un movimiento en torno a las fuerzas políticas. El interventor nos planteó que va a hacer nuevos relevamientos, a lo que respondimos que no podíamos esperar ya que toda la problemática del distrito está relevada”, denunció entonces la secretaria general Mariana Cattaneo.
En Moreno hay 270 escuelas estatales con más de 120 mil alumnos. Por la emergencia edilicia, en marzo se firmó un acuerdo entre la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, el municipio de Moreno y el Consejo Escolar. “Al Consejo Escolar le corresponde el mantenimiento edilicio asegurando el funcionamiento de las instalaciones de los servicios, las condiciones de seguridad, estabilidad y habilidad”, dice el acta, y se aclara que dentro de estos servicios están involucradas “las instalaciones de gas”.