La líder del GEN, Margarita Stolbizer, le envió una carta al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, para pedirle que suspenda “los contratos, adjudicaciones, licitaciones” y “los pagos” a las empresas involucradas
en la causa de los “cuadernos de la corrupción”.
“El circuito de dinero negro relacionado con la obra pública durante las gestiones de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández no nos sorprende”, señala la ex diputada en el texto, pero pide que el gobierno actual tome una “serie de medidas urgentes” para el “esclarecimiento de los episodios y las responsabilidades” y para “evitar todos los efectos dañosos que el accionar criminal e inescrupuloso de las personas involucradas pueda causar al estado y/o a terceros”.
“Los argentinos necesitamos desterrar la sospecha de que estas empresas pagaron coimas no solo durante el gobierno anterior y que dicho mecanismo continua en la actualidad. Porque en la actualidad son contratistas del Estado y se supone que reciben pagos por las obras que les fueran adjudicadas. Para ello resulta más que necesario suspender los contratos con las referidas compañías, a la par que se establecen los mecanismos necesarios para garantizar el recupero de activos, que deben ser restituidos al Estado”, plantea Stolbizer.
También sugiere que “hasta tanto no se resuelvan las investigaciones judiciales” deben evitarse adjudicar nuevas obras públicas a las empresas involucradas, “a fin de garantizar la transparencia en los procesos de adjudicación”. “No podemos permanecer inertes cuando está clarísimo que se están ejecutando actualmente obras de parte de empresas que durante años abonaron cuantiosas sumas millonarias como pagos de sobornos para ser beneficiadas con decisiones del poder político, por las adjudicaciones y/o para facilitar los pagos que se les realizaron desde el estado”, insiste.
Sin embargo aclara: “Soy consciente que debe velarse por los recursos económicos y la estabilidad de las relaciones contractuales comprometidas en las diferentes obras en curso, por lo que en algunos casos sería contraproducente paralizar las obras. Por eso, propongo se requiera a las autoridades judiciales, la designación de un interventor que represente a la firma hasta la terminación y liquidación de los diferentes contratos, a fin de garantizar la protección efectiva de los derechos de los trabajadores”.