El Gobierno dio marcha atrás con la eliminación de los beneficios por zonas en las asignaciones familiares. La decisión fue confirmada por el Ministerio de Trabajo y la ANSeS, luego de
que intendentes, legisladores y dirigentes partidarios de Cambiemos de las provincias afectadas insistieran esta tarde con sus reclamos en la Casa Rosada. La medida quedará suspendida y dentro de unas semanas será presentada una nueva propuesta, contaron a Clarín fuentes al tanto de la determinación.
El decreto que generó cuestionamientos incluso dentro del oficialismo equiparaba el valor de las asignaciones familiares de todo el país, por lo que los trabajadores registrados en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta pasaban a cobrar por hijo la mitad o menos: de entre $3.155 y $3.407 a $1.578. También afectaba a las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y zonas de Formosa, Mendoza y Buenos Aires. En total, más de 400 mil chicos.
Los recortes en asignaciones familiares afectan a los padres de más de 400.000 chicos
La medida iba a comenzar a regir en septiembre,pero el Gobierno presentará otra propuesta. El freno se conoció luego de que Marcos Peña -jefe de Gabinete-, Rogelio Frigerio -ministro del Interior- y su segundo, Sebastián García de Luca, recibieran en la Casa Rosada a intendentes y legisladores de Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y La Pampa. “Lo vamos a revisar y a decidir luego de discutirlo nuevamente. En algunas provincias tiene efecto neutro y en otras pensaremos otros mecanismos”, dijo a Clarín un funcionario al término de la reunión, en el primer piso de Balcarce 50.
El Gobierno baja el techo y elimina los beneficios por zonas en las asignaciones familiares
Del decreto 702/2018 se mantendrá el resto de las modificaciones: el piso del salario para acceder a las asignaciones familiares pasará de $200 a $2.816 y el techo bajará de $94.786 a $83.917 para el ingreso del grupo familiar o de $41.959 de uno de sus integrantes e incluirá las sumas no remunerativas. Se trató de la primera medida de recorte en el área social -unos $5000 millones-, pese a que el Gobierno había asegurado que la contención de los sectores más vulnerables quedaba al margen de la reducción del déficit acordada con el FMI.