Recovecos, pasillos, techos, teléfonos celulares, agendas, registros de ingresos son sólo una parte del exhaustivo detalle que el juez Claudio Bonadio ordenó en los 34 allanamientos del megaoperativo en la causa
que busca reconstruir el circuito de las coimas que podrían superar los 160 millones de dólares, y que involucra a la plana mayor del extinto ministerio de Planificación kirchnerista.
El juez Claudio Bonadio ordenó 23 allanamientos a las sedes y oficinas de diversas empresas: Isolux Corsán, BTU SA, oficinas del ente binacional Yacyretá, Grupo Techint, la sede de Supercemento, UCSA, el edificio del Grupo Roggio, del Grupo Eling SA, de Albanesi SA, las oficinas de Grupo obras, desarrollos y servicios SA, oficinas de IECSA, entre otras compañías.
Este megaoperativo que se concentró en el “Club de la obra pública”, busca reconstruir un circuito de dinero que se habría movido a través de una maniobra ilícita de coimas. La cifra inicial, sumando los números que figuran explícitamente en los ocho cuadernos manuscritos que dieron origen a la causa, es de 53 millones de dólares. Pese a ello, fuentes judiciales indicaron a Clarín que, sumando otras referencias que también están en esos registros, los sobornos podrían superar los 160 millones de dólares.
De las empresas qué se ordenó secuestrar agendas, anotaciones, teléfonos celulares, elementos de valor, equipos de computación y registros de ingresos a los edificios. Así consta en la orden de allanamiento a la que accedió Clarín.
Pero hubo más. Se ordenaron doce allanamientos a domicilios particulares de las personas que en simultáneo desde las cinco de la mañana fueron detenida,s como Roberto Baratta, Rafael Llorens, Gerardo Ferreyra, Javier Sánchez Caballero, entre otros.
La Justicia fue bien específica al momento de determinar qué se debía buscar en esas propiedades: las pruebas recolectadas debían ser “manipuladas por la menor cantidad de personas”. La orden fue “resguardar debidamente los mismos a los efectos de destruir o comprometer la obtención de pruebas colaterales”.
En la orden de allanamiento se habló de “escena del delito” y al respecto Bonadio pidió la “preservación de la escena del crimen” y que para ello se apliquen protocolos específicos.
Al ingresar a los domicilios de los detenidos y acusados en esta causa que investiga las coimas millonarias, la Policía Federal tenía la orden de revisar los techos, pasillos, baños, cocinas y “demás recovecos que se encuentren en las inmediaciones externas a dichas fincas, con el objeto de secuestrar los elementos detallados”.