Frente a la proyectada falta de dinero estatal para encarar nuevas inversiones, el Gobierno pisó el acelerador para lograr flamantes desembolsos privados en obras públicas. El ministerio de Transporte anunció ayer
la firma de los contratos para el desarrollo de seis concesiones viales que suman 7.347 kilómetros, que demandarán inversiones por US$ 6.000 millones en los próximos cuatro a cinco años. Será a través del programa de Participación Público Privada (PPP).
Los consorcios se ofrecieron a construir 1.610 kilómetros de autopistas, 3.310 kilómetros de rutas seguras, 324 kilómetros de obras especiales y 26 kilómetros de variantes.Hay otros 2.077 kilómetros que serán intervenidos a través de obras de mejoras y mantenimiento de la red vial existente. Los cobrarán una vez que las obras se encuentren terminadas. Es la primera vez que se utiliza esta modalidad de financiamiento en el país.
Aunque hubo algunas diferencias sobre el financiamiento, el Gobierno tomó la decisión política de firmar los contratos con los consorcios que harán las obras. El viernes pasado lo hizo con dos de los grupos y ayer con otros tres (el encabezado por Helport, de Eduardo Eurnekian, tendrá dos concesiones).
Las compañías tomarán posesión de las rutas a concesionar desde el 1° de agosto. Se estima que las obras darán sus primeros pasos hacia fin de año. Durante los próximos doce meses, las empresas deben garantizarse el acceso al financiamiento de los proyectos.
“Hay algunos casos en que las obras ya comenzarán a verse el año que viene. Los concesionarios poseen un plazo de 15 años, entre la construcción y el mantenimiento. Se les pagará a medida que vayan demostrando la realización de determinados tramos comprometidos”, explicó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Los constructores retiraron ayer sus garantías personales para participar en esta compulsa. A cambio, depositaron otras garantías financieras equivalentes al 10% de las obras a construir, por un monto cercano a los US$ 600 millones. “Ya tenemos las garantías. Ahora las empresas tienen la responsabilidad de hacer las obras”, agregó el ministro.
“A partir de toda la turbulencia (financiera), estuvimos concentrados en cerrar esta primera etapa. Todos los participantes nos pidieron mayor plazo y no lo dimos, porque creíamos que se podía avanzar. Ahora tenemos a compañías nacionales más empresas de China, Portugal, España e Italia que vienen a construir”, marcó Dietrich.
Para alejarse de los fantasmas de corrupción que rodean a la obra pública, Dietrich asegura que “acá no hay lugar a reclamos por costos extra de modificación del proyecto”.
Los “readecuamientos” de costos -por inflación, entre otras causas- fueron una constante en la obra pública de las últimas décadas. Esta vez no estarán presentes, según prometen los funcionarios. “Todo el riesgo lo corren los contratistas privados”, puntualiza José Luis Morea, secretario de Participación Público Privada (PPP), que depende del ministerio de Hacienda. A cambio, el Estado se compromete a pagarles en dólares.
Durante los primeros cuatro años de obras, las empresas irán recibiendo Títulos de pago de inversión (TPI). Los emitirá un fideicomiso formado por Vialidad Nacional (ver aparte), con aportes de impuestos al gasoil, peajes actuales y el Tesoro nacional, si fuera necesario. Esos certificados se emitirán cada tres meses, con el avance de obra que refleje el período vencido. Pero el repago de la inversión será desde 2021/22 a través de 20 cuotas semestrales.
“Al que no construye, le ejecutamos la garantía, que es ese 10% que ya dejaron. Tienen un año para conseguir el financiamiento. Si no lo hacen o no construyen la obra, no les pagamos”, asegura el ministro de Transporte.
Los concesionarios podrán cobrar peajes en las obras viales. Tendrán la explotación durante 15 años. Una vez finalizado ese período, los corredores vuelven al Estado nacional.
Paolini-Vial Agro tomarán el corredor A, por US$ 1.002 millones. Una firma china construirá el corredor B, por US$ 827 millones. José Cartellone se encargará del corredor C, por US$ 801 millones. Helpor (Eurnekian), Panedile y Copasa resultaron adjudicatarios de los corredores E (US$ 1.010 millones) y F (US$ 722 millones). Rovella Carranza, la portuguesa Moto Engil y JCR fue bendecido para el corredor Sur, por US$ 699 millones.