Pasan los días y continúan
Así lo confirmó el dirigente gremial en diálogo con el diario La Nación donde dijo que Suteba está asistiendo legalmente a un grupo de personas que aparecen como aportantes de Cambiemos y que no realizaron ningún desembolso. Sin embargo, aseguró que todavía no presentaron los casos ante la Justicia, pero sí le dará la información a la gobernadora María Eugenia Vidal para sumar a la auditoría interna que se está llevando adelante.
Este miércoles, la ex legisladoraMargarita Stolbizer se presentó ante el juzgado a cargo de Sebastián Casanello para presentar nuevos casos, en el marco de la causa que se inició tras una denuncia de la ONG La Alameda. Entre los casos que presentó hay aportantes falsos en Morón, Saladillo, Luján, General Villegas Azul, Chacabuco, General La Madrid, y Olavarría, entre otros. La líder del GEN también pidió que se amplíe el objeto de investigación y que se la acepte como amicus curiae.
Cómo saber si figurás como aportante privado de un partido político
En total, son tres juzgados que investigan el tema. Además de la que instruye el juez Casanello, existe otra causa iniciada de oficio por el fiscal Jorge Di Lello que tramita ante el juzgado de María Servini de Cubría, en la cual pudo constatarse que muchas de las víctimas son beneficiarias de planes sociales. La tercera se inició tras una denuncia de la senadora de Unidad Ciudadana, Teresa García, ante el juez federal Ernesto Kreplak en La Plata.
El hecho se conoció tras una investigación del periodista Juan Amorín, en El Destape. Por la repercusión que alcanzó el tema, la semana pasada Vidal echó a la contadora general de la provincia de Buenos Aires, María Fernanda Inza, quien se desempeñó como tesorera de PRO bonaerense durante la campaña de 2017.
Tal como publicó PERFIL el sábado, el juez federal Sebastián Casanello investiga la hipótesis de que el dinero que financió las campañas de Cambiemos sería de origen ilícito y que las afiliaciones truchas se utilizaron para darle una apariencia de legalidad. La sospecha es que se trata de dinero del Estado, sindicatos, bingos o de aportes de empresas concesionarias del Estado porteño, nacional o provincial que tienen prohibido realizar aportes, de acuerdo a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Ahora, el ejecutivo busca cambiar la Ley para que las empresas puedan hacer hasta el 2 % de los aportes.