La ley fue sancionada por 202 votos a favor, sin abstenciones. El proyecto había sido presentado por el senador Juan Carlos Marino (UCR) y la familia de Justina Lo Cane, la nena de 12 años que falleció en noviembre del año pasado esperando un trasplante de corazón.
La nueva ley regula las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano en la Argentina. Prevé que los establecimientos de salud habilitados para hacer trasplantes cuenten con servicios destinados a la donación, que permitirán detectar, evaluar y tratar al donante. Además, que se implementa un régimen de capacitación permanente para los recursos humanos afectados en los procesos de donación y trasplante.
La ley, que modifica la normativa anterior, establece la donación cruzada en el caso de trasplante de riñón (con donante vivo). También explicita que podrá realizarse la ablación de órganos y/o tejidos, a toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de oposición a que después de su muerte se realice la extracción de los mismos. En el caso de los menores, se posibilita la obtención de autorización para la ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente.
En Argentina hay casi 7.800 personas en lista de espera. El país se encuentra en una meseta en lo que se refiere a la actividad de trasplantes de órganos y tejidos. La tasa de donantes de órganos por millón de habitantes alcanzó en 2016 su nivel más bajo de la última década (11,81 versus 12,35 en 2007). En 2017 la tendencia se revirtió levemente, incrementándose la tasa en 1,65 puntos. Sin embargo, Argentina se encuentra aún lejos de países líderes como España, en donde hay cuarenta donantes por millón de habitantes.
“Hoy estamos en 13/14 donantes por millón en Argentina. No estamos tan lejos de la media. En América Latina, de hecho, somos líderes en cuanto a procuración y trasplantes. No es un panorama negro. Pero es cierto que debemos mejorar porque hay 8 mil pacientes en lista de espera. Tenemos que trabajar para resolver eso”, le dijo a PERFIL Alberto Maceira, presidente del Incucai.
Ejemplo. Justina murió a los 12 años mientras esperaba un trasplante de corazón en la Fundación Favaloro. Había sido internada en agosto de 2017 y falleció casi tres meses después. La menor padecía una cardiopatía transgénica que le fue diagnosticada cuando apenas tenía 18 meses de vida.
Durante el tiempo que permaneció hospitalizada, la niña llevó adelante una campaña de concientización a la que llamó “Multiplicar la vida por 7”. Para eso le pidió a su familia y a sus amigos que la ayuden a expandir el mensaje para que la sociedad entienda la importancia de ser donante de órganos. Ezequiel Lo Cane, padre de la menor, reprodujo en ese momento las palabras de su hija: “Papi, ayudemos a todos los que podamos”, le dijo. Eso hicieron y casi siete meses después de su muerte, el deseo de Justina se convirtió en ley.