Cada vez más cercado por la Justicia, Jorge “Corcho” Rodríguez sumó un nuevo impedimento: la Cámara federal porteña confirmó la denegatoria del juez Sebastián Casanello para que el empresario salga del
país. En agosto, deberá declarar en una de las causas donde se investigan los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó para obtener obras públicas en la Argentina. Se trata de las plantas potabilizadoras de AySA.
Los integrantes de la Sala I de la Cámara federal porteña, los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens-, le dieron la razón al juez de la causa, quien había rechazado el reclamo de la defensa de Rodríguez donde requerían que se deje sin efecto la prohibición de salida del país.
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De esta manera, el empresario deberá permanecer en Argentina mientras la Justicia lo investiga como un nexo clave en la estructura de sobornos que Odebrecht pagó durante el gobierno kirchnerista, según reconocieron sus propios directivos a la Justicia brasileña.
En esta investigación, a cargo de Casanello, se planteó que hubo “acuerdos espurios” para manipular actos administrativos y que “las contrataciones estuvieron previamente direccionadas” y que el llamado a licitación pública fue tan sólo “una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”.
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Rodríguez, ex de Susana Giménez y actual pareja de la conductora Verónica Lozano, está aún más complicado tras la nueva documentación que ingresó a la fiscalía de Federico Delgado que -como contó Clarín-, confirmó su vinculación con una firma off shore (Sabrimol Trading), constituida en Uruguay y utilizada para la la recepción de sobornos pagados por Odebrecht.
El 19 de junio ingresó información proveniente de la justicia uruguaya que “ratifica el vínculo entre Jorge Ernesto Rodríguez y la empresa ‘Sabrimol Trading SA’. Así permiten sostenerlo algunos testimonios y actas que seguidamente se van a identificar”, señala el escrito de Delgado al que accedió Clarín.