Mientras permanecen detenidos los creadores del llamado Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, el último presidente de la quebrada petrolera Oil Combustibles, la empresa insignia del conglomerado de firmas,
Ignacio Rosner, pidió autorización a la Justicia para salir del país en las próximas semanas y viajar primero a Uruguay y luego a México, según pudo saber Clarín.
Rosner, quien al igual que López y De Sousa en setiembre deberá dar explicaciones al juez de la quiebra para “determinar la composición del activo de la quebrada”, informó a la Justicia que estará en Uruguay entre el 20 y el 30 de julio, y en México entre el 18 de agosto y el 2 de setiembre. Por ello le pidió una pronta respuesta dado el próximo inicio de la feria judicial de invierno.
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El empresario que le adquirió a López y De Sousa la firma ahora quebrada mientras estaba en concurso de acreedores y se buscaba su salvataje, cuenta con una interdicción de salida del país junto con los detenidos y otros directivos que desembarcaron junto a él en el Grupo Indalo, al que rebautizaron como Ceibo. Ellos pertenecían a la firma OP Investments, con el supuesto aval del gigante ruso Lukoil. Ahora todo está en manos de la Justicia y pasará al final del proceso a las de otros dueños.
López y De Sousa controlaban Oil Combustibles a través de Oil M&S, pero la Justicia penal investiga una serie de préstamos “intercompany” que prácticamente vaciaron a la petrolera y concluyeron en la utilización de ese dinero para la adquisición de medios de comunicación que ahora están en concurso de acreedores.
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Esas maniobras fueron denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a principios de 2016, ya que Oil le adeudaba a ese momento más de 6 mil millones de pesos que, intereses mediante, creció ahora a la suma de alrededor de 16 mil millones de pesos que difícilmente puedan cobrar al decretarse la quiebra de la firma. El juez federal Julián Ercolini comunicó en los últimos días a su colega Cosentino la elevación a juicio de esa causa existente en los tribunales de Comodoro Py.
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Mientras prosiguen los plazos procesales que derivarán en el remate de los bienes de Oil Combustibles, la petrolera es administrada temporariamente, a través de un alquiler aprobado por la Justicia, por la estatal YPF en alianza con la sociedad anónima Destilería Argentina de Petróleo (DAPSA), quienes seguramente serán quienes se quedarán con la firma.
El juez Cosentino notificó esta semana al Banco Ciudad que en los próximos días ingresarán a la cuenta judicial abierta por la Justicia a nombre de la quiebra unos 2.600 millones de pesos, producto de ventas de fuel oil y gasoil y los 500 millones de pesos que había logrado embargar la AFIP a través de juicios de ejecuciones fiscales.