Por la causa judicial que investiga la presunta administración fraudulenta a la Obra Social del Seguro (OSSEG) por 600 millones de pesos, desde esta semana la Justicia cuenta con legajos y
documentación para avanzar en la investigación. El denunciante es Diego Rangugni, hijo de Nidia Rangugni, quien falleció en 2007 y fue presidenta de esa prestadora de salud, y es contra Raúl Martínez, actual secretario general del sindicato del Seguro, y Orlando Fariña, titular de OSSEG.
La causa, que se inició en mayo de este año, está radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 a cargo de Romilda Servini de Cubría. Investiga la fiscalía 10, bajo responsabilidad de Paloma Ochoa. Al igual que ocurrió con el SOMU, el SMATA y la Federación del Gas y Petróleo privado que conducía el fallecido Alberto Roberti, la denuncia vino de Rangugni, un afiliado al gremio desde 1992 aunque, dice, que “nunca” participó en actividades gremiales.
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Lo que sí pasó con esta denuncia es que alteró el tablero interno del sindicato: el adjunto de Martínez, Miguel Méndez, respaldó la denuncia. Y, por lo que supo este diario, en el Ministerio de Trabajo hay pedidos de desafuero de la licencia gremial contra aquellos que apoyaron la denuncia.
¿Cuáles son esas maniobras defraudatorias denunciadas? “Esencialmente se trata de una maniobra ideada para sustraer anualmente una suma de 200 millones de pesos pagando honorarios a un estudio por un juicio. Se creó de manera ficticia una deuda que no es tal”, cuenta Rangugni y amplia en su diálogo con Clarín: “Conocemos y tenemos acreditado documentalmente el desvío injustificado de los fondos de la obra social. Sólo resta que la Justicia investigue y determine el destino del dinero. Por lo que tenemos documentado hasta el momento, ya se habrían sacado 600 millones de pesos”.
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Lo que originó esta situación data de 2009 cuando, durante el kirchnerismo, se emitió un DNU para que la parte patronal dejara de aportar a la OSSEG el 0,5% de todas las primas de seguro que se firman en el país (es algo habitual que la parte empresaria destine fondos a la manutención de las obras sociales sindicales). Esa decisión del Ejecutivo se judicializó y quien llevó adelante la defensa de la obra social fue Miodownik Vera. Siempre según la denuncia, a este abogado le fueron fijados los honorarios por esa millonada aunque percibía un sueldo mensual de la entidad porque era Gerente de Asuntos Legales. Este juicio lo ganó la obra social tras un fallo de segunda instancia que no fue en queja a la Corte Suprema.
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Además, acusa Rangugni, “existen agravantes” y estos son que “las costas del juicio no correspondían ser abonadas por la obra social sino por la parte perdidosa, que fue el Estado Nacional. Por otro lado, los honorarios regulados judicialmente fueron por una cifra inmensamente inferior: 9 millones de pesos finales y por todo concepto”.
Finalmente, y siempre según el denunciante “es irrazonable que se firme un convenio de honorarios posterior a la sentencia cuando la sentencia del juicio ya está firme”. Desde el gremio prefirieron no contestar las consultas de Clarín por el tema.