Comenzó la segunda audiencia del juicio oral y público contra José López, el ex secretario de Obras Públicas acusado de enriquecimiento ilícito. El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) lleva adelante
esta instancia, donde el ex funcionario K deberá explicar el origen de los 9 millones de dólares que buscó esconder en el convento de General Rodríguez. En la audiencia de este viernes se trató un pedido de las defensas para que la Unidad de Información Financiera (UIF) no intervenga como querellante, que busca acusar a López también por lavado de dinero.
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El Tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de julio, para definir si efectivamente aceptarán a la UIF o no en el juicio. En este contexto, el fiscal Miguel Ángel Osorio sostuvo que el organismo tiene “obligación legal y potestad de participar del proceso con las limitaciones propias que surgen de no haber podido intervenir en la instrucción”.
José López ingresó a la Sala AMIA poco antes de las 14. De campera marrón, pantalón oscuro y una carpeta azul bajo el brazo -como en la primera audiencia- el ex funcionario siguió con atención los planteos de su defensora oficial, Pamela Bisserier, quien reiteró que no corresponde que la UIF sea considerada querellante en el juicio y requirió que “se aparte de este juicio y la intervención que pretende”, por no haber sido querellante durante la instrucción, y porque debido a eso “no hay siquiera un requerimiento de elevación a juicio por parte de la UIF”.
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El TOF 1, integrado por los jueces Adrián Grumberg, José Michilini y Ricardo Basílico, inició el juicio hace una semana. Días antes, la Cámara de Casación había aceptado al organismo antilavado como querellante en esta instancia, lo que devino en el reclamo de las defensas de los acusados para evitar que esto sea considerado. Así, hasta tanto no se resuelve el incidente, es decir, si la UIF efectivamente será tomada como querellante o no, no comenzará la etapa de las indagatorias.
Cerca de las 15, el fiscal ante el Tribunal, Miguel Ángel Osorio, dijo que la UIF -con limitaciones porque no intervino durante la instrucción-, tiene “postestad legal para ser parte del juicio”, y que en dicho contexto “puede hacer preguntas a los testigos, a los peritos, como también aportar documentación”. Aclaró sin embargo, que el organismo que dirige Mariano Federici “solamente está excluido de acusar y de alegar al final“.
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Si a la posible figura de enriquecimiento ilícito se le sumara la de lavado de activos -como sostiene la UIF-, para Osorio “el cambio de calificaciones no altera de ningún modo el pleno ejercicio de la defensa”, por lo cual “el Tribunal debería investir a la Unidad antilavado con el carácter de querellante”.
El TOF 1 pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de julio, cuando resolverá si acepta o no a la UIF. Recién el 12 de julio podrían iniciar las indagatorias, con la palabra de José López.
El ex funcionario de Obras Públicas llegó a esta instancia por tres hechos: la posesión injustificada en su patrimonio del dinero de los bolsos. Horas previas al juicio, el juez Daniel Rafecas -quien tuvo a cargo la instrucción-, reiteró: “López admitió que ese dinero provenía de la política”. La madrugada del 14 de junio de 2016 López ingresó al Convento de General Rodríguez donde buscó esconder los bolsos con casi 9 millones de dólares, 153.000 euros, 59.000 pesos y relojes Rolex.
Además, con el fin de enriquecer su patrimonio, se le atribuyó la compra y refacción de una casa en Tigre, que López decía alquilar y la justicia determinó que era de su propiedad. Fue registrada en calidad de testaferro, primero a Galera -hasta el año 2010- y después a nombre de Gutiérrez. La tasación oficial le otorgó un valor de 480.000 dólares a la propiedad.
También, el ex funcionario fue procesado por la compra del departamento de calle Las Heras 203. Allí habría utilizado como pantalla a la sociedad “Marketing y Eventos S.A.”, propiedad del empresario Carlos Gianni, y al abogado Marcos Artemio Marconi. El valor de la propiedad es de 110.000 dólares.