Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, señaló que las modificaciones propuestas están orientadas a “seguir garantizando los negocios inmobiliarios y no a otorgar herramientas
jurídicas para terminar la crisis habitacional y ambiental”.
El proyecto enviado a la Legislatura por el Gobierno Porteño propone homogeneizar las alturas para evitar la proliferación de torres en zonas de Buenos Aires caracterizadas por edificaciones bajas. En diálogo con Télam, Baldiviezo sostuvo que “es un código que únicamente está regulando cómo aumentar la capacidad constructiva de las parcelas y cómo otorgar una mayor seguridad jurídica a las empresas inmobiliarias”.
El Código Urbanístico que establece dónde, cuánto y con qué criterios se debe construir en la Ciudad, data de 1977; mientras que el de Edificación (que indica cómo y con qué materiales se debe construir) es de 1948. “Son dos códigos que tienen muchos años y necesitaban una actualización, la ciudad se lo debía”, expresó en Télam la legisladora porteña Victoria Roldán Méndez (Vamos Juntos), quien preside la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.
Las normativas anteriores se establecieron de acuerdo a criterios de zonificación, por los cuales se destinaban áreas específicas de la ciudad a un uso en particular, como Ciudad Universitaria (educación), Microcentro (actividades financieras), zonas industriales en el sur (Riachuelo, Soldati, Mataderos) y zonas residenciales.
“Nosotros lo que buscamos con este nuevo código es que uno pueda trabajar o vivir en el mismo lugar, que haya una mixturas de usos”, explicó Roldán Méndez, quien propuso evitar que los habitantes de la ciudad “tengan que trasladarse de una punta a la otra de la ciudad porque trabaja y vive en lugares distintos”.
Sin embargo, Baldiviezo remarcó que “la ciudad necesita otro tipo de políticas urbanas, que estén orientadas a regular el mercado inmobiliario y de alquileres”. Además, desde su organización exigieron “que las discusiones ambientales y de planificación, que son esenciales para la calidad de vida de los porteños, sea discutida considerando las propuestas vecinales y ciudadanas”.
Al respecto, la legisladora de Vamos Juntos señaló que durante los últimos dos años el actual proyecto “pasó por un proceso de participación ciudadana, en cada una de las comunas, donde se escuchó a los vecinos y a las juntas comunales”. En ese sentido, afirmó que “a partir de esos reclamos se ha conformado el código que estamos trabajando hoy”.
Desde el Frente por una Planificación Ciudadana denunciaron la “grave crisis ambiental, social y habitacional” de la ciudad de Buenos Aires, por la cual “vemos el colapso de muchos barrios, ya sea en transporte, agua, luz, salud y espacios verdes”.
“Hay barrios de la ciudad que tienen 0,2 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, cuando deberían tener 10”, criticó Baldiviezo.
Roldán Méndez respondió que “muchas de las quejas no tienen un sustento muy específico”, y aclaró que lo que regula cada código (dónde y cómo construir) no contempla transporte o espacios verdes, que requieren de sus propias normativas. De todos modos, aclaró que en la reforma se ocupa de “algunas cuestiones de mobilidad, para dar prioridad al peatón contra un código que privilegiaba el uso del auto”.
El proyecto del gobierno establece seis tipos de altura que van desde planta baja y dos pisos (9 metros) hasta planta baja y 12 pisos (38 metros), permitiendo los edificios altos en las avenidas, los medianos para las calles y los bajos para los pasajes. En la actualidad, la altura de un edificio se determina según el tamaño del terreno, por lo que según estimaciones del oficialismo con esta reforma el 70% de la ciudad quedaría por debajo de los 5 pisos.
“Lo que busca este código es respetar las identidades barriales”, concluyó la diputada Roldán Méndez, quien aclaró que con la nueva reglamentación se evitarán las “torres sorpresa” de más de 15 pisos en zonas bajas.