El Gobierno dio un paso importante para regularizar la situación de la Cámara Federal porteña, el tribunal por el que pasan todos los casos de corrupción de la administración pública nacional.
Este lunes oficializó la designación del juez Mariano Llorens como vocal de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
Lo hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 514/2018, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano.
Llorens, secretario del TOC 26 de la Capital Federal y ex empleado del juzgado federal de San Isidro, fue propuesto por el Gobierno en febrero pasado, y finalmente el Senado aprobó su pliego.
Hasta ahora, la Sala I solo estaba integrada por el juez Leopoldo Bruglia luego de la renuncia de Jorge Ballestero, que dejó su cargo tras las críticas y denuncias recibidas tras el fallo que liberó transitoriamente al empresario Cristóbal López.
Hace algunas semanas, desde la Cámara reclamaron al Consejo de la Magistratura el nombramiento de, al menos, un juez subrogante para ese tribunal, que hasta la designación de Llorens tenía dos vacantes.
La sala II, presidida por el juez Martín Irurzun -al igual que la Cámara entera- también tiene dos vacantes, lo que muchas veces dificulta el tratamiento de las causas.
El problema de fondo, coinciden en los distintos tribunales, es la lentitud del Consejo de la Magistratura en resolver viejos concursos trabados por cuestiones políticas aunque también por la burocracia del sistema. De los casi mil cargos que hay en la Justicia Nacional y Federal, el 30% de ellos está vacante y debe ser cubierto por un subrogante que tiene que duplicar su tarea y desatender parcialmente su función natural.