La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó este lunes la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa ordenada por el juez Julián Ercolini. La decisión fue ratificada
por los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun.
Después de 42 días en libertad, Cristóbal López y Fabián De Sousa volvieron a prisión el 27 de abril,l tras la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Federal, que por voto mayoritario ordenó su “inmediata detención”, poniendo fin a la polémica excarcelación que los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero les habían otorgado el 16 de marzo pasado.
Junto a Ricardo Echegaray, los dueños del Grupo Indalo quedaron procesados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y se les volvió a trabar a cada uno, un embargo por $ 17.000 millones. Así, se revocó la resolución de los jueces de la Cámara federal porteña que lo habían excarcelado, y que posteriormente dejaron sus respectivos cargos.
López y su socio volvieron a prisión a pocos días de que la Sala I de la Cámara federal porteña, que votó por liberarlos, quedara desintegrada: el camarista Eduardo Farah será trasladado al Tribunal Oral Penal Económico 1, y Jorge Ballestero se tomó una licencia médica y después se pidió su jubilación.
La defensa de los dueños del Grupo Indalo, a cargo del abogado Carlos Beraldi, consideró que no debía hacerse lugar a la detención y que la misma “violentaba el principio de igualdad ante la ley”, recordando que en marzo la Cámara federal porteña había ordenado la excarcelación del empresario K y su socio, modificando la calificación legal. Algo que en abril quedó sin efecto.
En la sentencia de este lunes, el juez Bruglia entendió que la queja interpuesta por el abogado de López no era admisible, ya que hacerlo conduciría revisar lo que ya dictaminó el Máximo tribunal penal, que es la Cámara de Casación.
Por su lado, el camarista Irurzun señaló que la detención del empresario K y de De Sousa “fue un efecto expresamente dispuesto por la Sala I de la Cámara de Casación” y que por ello, “se confirma el rechazo al reclamo de libertad de los imputados”.
La causa, que llevaron adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, investigó una “compleja maniobra defraudatoria” que le permitió al empresario K y a su socio “desviar millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles SA, que debían entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Los fondos se utilizaron, en cambio, “para financiar al grupo empresario denominado “Grupo Indalo”, remarcaron los camaristas que ordenaron la detención.
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La deuda generada con el fisco por no pagar el impuesto a los combustibles fue de 8.000 millones de pesos. A la fecha, con intereses, punitorios y otras deudas generadas el último tiempo, la AFIP que reclama al empresario K más de 20.000 millones de pesos.