Luego de quitarle la realización de obras millonarias por incumplimientos de contrato, el Gobierno le dio un golpe decisivo a CPC S.A., la constructora del empresario Cristóbal López: en medio de
la crisis que atraviesa el holding que pertenece al zar del juego, suspendió por 10 meses a la compañía en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
De este modo, CPC no podrá participar durante ese período de ninguna licitación pública, dado que, para eso, tiene que cumplir con el requisito de estar habilitado por el Registro, que extiende un certificado de capacidad técnica anual.
La decisión fue tomada ayer por el Consejo del Registro Nacional de Constructores, que depende del ministerio del Interior que dirige Rogelio Frigerio. El organismo consideró como una “falta grave” que CPC haya “incurrido en incumplimientos a sus obligaciones” en dos obras: la “Optimización del acueducto regional Lago Musters –Comodoro Rivadavia – Rada Tilly- Caleta Olivia” y el “Colector Costanero de San Carlos de Bariloche”.
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Ambas obras ya habían sido quitadas por el Gobierno a CPC: en el caso del primero tras detectar parálisis de obra (terminada a un 80%) y falta de pago a empleados, pese a que se detectaron sobreprecios en la obra, fijados durante la gestión K, por casi 100 millones de pesos; mientras que en el caso del Colector Costanero por abandono de obra, ya que ni siquiera había comenzado los trabajos.
“El Consejo entiende que el perjuicio a la comunidad es directo y por lo tanto debe reputarse como factor agravante”, sostiene entre los argumentos la resolución del consejo, firmada por su presidente Guillermo Ferrea, titular del Registro; el coordinador de Obra Pública Ricardo Delgado y los consejeros Gustavo Burgwardt y Susana Martín.
En el escrito, al que accedió Clarín en exclusiva, se apunta que “también es necesario considerar que el constructor (por CPC) se encuentra entre aquellos con mayor capacidad de ejecución respecto de las empresas inscriptas en este Registro”.
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“Para la determinación de la sanción se cuantifica que no fue una, sino dos las obras que fueron rescindidas, lo cual impacta en el alcance de la suspensión”, concluye el texto.
En términos políticos, la decisión se explica en el mandato del Presidente de no hacer concesiones con aquellas empresas que no cumplen con las obligaciones que contraen al presentarse a licitaciones.
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El último antecedente de una medida similar fue el caso de Odebrecht, a la que el Gobierno excluyó del registro el año pasado de forma “preventiva” por doce meses, en el marco de varias causas por corrupción en la que está involucrada en el país.
Días atrás, como contó Clarín, Vialidad Nacional reclamó al juez Julián Ercolini que lo erigiera como “depositario judicial” y procediera a entregarle máquinas de la constructora para evitar que los bienes, embargados por la Justicia, se desvalorizaran.
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Fue una de las varias medidas que tomó el organismo, dependiente del ministro de Transporte Guillermo Dietrich: antes, por constantes incumplimientos, le había aplicado una multa de $35 millones de pesos y le rescindió un contrato millonario para realizar tres tramos de la ruta nacional 3, ya que registraba apenas un 3% de avance de obra.