El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, recomendó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocar un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal que había declarado parcialmente inconstitucional la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
La ley, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner, había sido impugnada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) porque redujo la cantidad original de los miembros del organismo y perjudicó de esa manera a los representantes de los profesionales del derecho. El argumento que tomó en cuenta el tribunal fue la pérdida del “equilibrio” entre todos los estamentos representados en el Consejo del que habla la Constitución.
Sin embargo, Casal adhirió a los planteos del fiscal ante la Cámara, desestimados por este tribunal, y sostuvo que “el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse, porque no se puede ejercer un control político a través de un proceso judicial”.
Además, señaló que “la declaración de la inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- requiere que la repugnancia de una norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable” y que esos “extremos” no se dan en este caso.
Casal recordó que la intervención de la Corte en otra reforma encarada por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura -en el marco de la llamada “democratización de la Justicia” y durante el gobierno de Cristina Fernández- fue porque se había modificado la manera de elegir a los representantes de los jueces y los abogados en el organismo. Esa ley, la 26.855, fue declarada inconstitucional por el máximo tribunal.
En cambio, sostuvo Casal, la ley anterior, la 26.080, que actualmente rige al Consejo no es inconstitucional porque no da la mayoría especial en el organismo a alguno de los sectores que lo integran y que, por lo tanto, no rompe el equilibrio mencionado en la Constitución a partir de la reforma de 1994.
Originalmente, desde su entrada en vigencia en 1999, el Consejo de la Magistratura tenía 20 miembros entre los representantes de ambas cámaras del Congreso, los jueces, los abogados y los académicos. Pero el kirchnerismo redujo en 2006 ese número a trece, con preeminencia de políticos por sobre los estamentos técnicos.
Sin embargo, Casal sostuvo que los políticos no son del mismo partido y que aún así, por sí solos no alcanzan a llegar a los nueve votos requeridos para las mayorías especiales que se deben alcanzar para aprobar las dos decisiones claves del organismo: la aprobación de concursos de los candidatos a jueces y la suspensión de un juez por mal desempeño para enviarlo a juicio político.
fuente clarin