En veinte años, menos de una de cada diez causas por corrupción llegó a juicio

La subterránea consideración que el poder judicial logra entre los argentinos encontró hoy otro argumento que la explica y la confirma: la segunda entrega de avance de las auditorías que el

Consejo de la Magistratura encargó sobre los doce juzgados federales porteños -donde se denuncian los casos de corrupción de los funcionarios nacionales- traduce en números lo que cualquier peatón puede imaginar: de las 1151 causas que se tramitaron en los tribunales de Comodoro Py entre 1996 y 2016, sólo el 8 por ciento tuvo procesamientos y elevación a juicio oral. Apenas 92 expedientes.

Los resultados fueron presentados esta mañana frente al plenario del Consejo por su presidente, Miguel Piedecasas, y reflejan el trabajo del cuerpo de auditores seleccionado y designado por todos lo consejeros para recopilar y analizar los datos entregados por los doce juzgados federales porteños correspondientes al lapso bajo la lupa: 1996-2016. Dos décadas, para evitar sesgos políticos o coyunturas económicas que pudiesen inclinar las conclusiones.

En esta etapa se examinaron el plazo de duración de los procesos -con el promedio general del fuero y el detalle por juzgado- y el modo en que culminó cada expediente: con procesamiento y elevación a juicio oral (cuando el juez investiga un delito, consolida una acusación procesando a los imputados y pasa el caso a sorteo para que un tribunal oral finalmente organice el juicio), desestimación de la denuncia porque no se hallan delitos en la denuncia o no se pueda proceder; sobreseimiento, cuando el proceso se cierra definitivamente exculpando al imputado porque el juez considera que el hecho investigado no encuadra en una figura legal, no fue cometido por el acusado o éste es inimputable; sobreseimiento por prescripción, cuando la investigación cesa porque transcurrió un tiempo superior al del máximo de la pena estipulada para el delito que se indaga; incompetencia -si el juez remite el caso a otro colega por alguna razón que le impida ser quien lo investiga- y archivo, cuando el juez rechaza el pedido del fiscal para investigar una denuncia. Un ejemplo de esta posibilidad fue la negativa del juez Rafecas a iniciar una causa por la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, en enero de 2015.

Vamos a los datos. Para empezar, los juzgados tuvieron una carga de trabajo muy distinta. Mientras que por ejemplo el 1 (María Servini), el 6 (Canicoba Corral) y el 7 (que desde 2012 dirige Sebastián Casanello) tramitaron entre 74 y 76 causas en veinte años, el 4 (desde 2004 en manos de Ariel Lijo, antes de Gabriel Cavallo) tuvo 120, y el 9 (Luis Rodríguez desde 2012) 160 expedientes: más del doble. La sintonía fina de este segundo tramo de las auditorías también permite comparar cuántos casos con más de una década de trámite tuvo cada juez: mientras que el juzgado 7 sólo tuvo una, el 10 (Julián Ercolini) tuvo 3, y tanto el 1 como el 3 (Daniel Rafecas) y el 11 (Claudio Bonadio) cuatro, el juzgado 5 -que durante todo el lapso bajo estudio condujo Norberto Oyarbide- acumuló 9 causas, y el 6, de Rodolfo Canicoba Corral, 13 expedientes.

El promedio de duración de las causas culminadas también muestra diferencias notorias. En todo el fuero de instrucción federal porteño es de 2 años, 4 meses y 11 días, pero el juzgado 8 baja esa marca a 1 año y 2 meses, mientras que los juzgados de Lijo y Canicoba Corral tienen un promedio de 3 años y un puñado de días. Una marca preocupante.

El 74,45% de los expedientes tramitaron en menos de tres años, el 13,03% llevó entre tres y seis años, el 7,73% de seis a diez años y el 5,29% más de una década.

¿Los resultados? Sólo 8% de las causas fue investigada con acusaciones, procesamientos y elevaciones a juicio. La inmensa mayoría quedó por el camino, alimentando la hoguera de impunidad que desespera a los argentinos. El juzgado que más elevaciones a juicio tuvo en veinte años fue el 11, con un 19% de las causas que tramitó.