La jugada estuvo sincronizada, y si le sale bien no tendrá un efecto inmediato, pero puede ser clave en el futuro: a través de su abogado, Cristóbal López recusó a los
dos jueces que firmaron su regreso a la cárcel, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, de la Cámara Federal de Casación. Como Riggi está de viaje, el pedido de apartamiento quedó a cargo la tercera magistrada de la sala I, Ana María Figueroa, de inquebrantables antecedentes funcionales al kirchnerismo. Si ella aceptara la recusación, y tras las apelaciones quedara firme, ni Hornos ni Riggi podrán volver a intervenir en cualquier cuestión relacionada con la causa por la mega defraudación al Estado del dueño del grupo Indalo. Con el otro voto en manos de Figueroa, sólo restaría uno para que el socio de Cristina Kirchner pudiera aspirar a distintos beneficios en el expediente.
Aunque una ley no escrita en los tribunales -por lo evidente- dice que jamás se aceptan recusaciones de jueces después de que fallaron en contra de los intereses de un acusado, el doctor Carlos Beraldi entregó un flamígero escrito ante la Casación, justo cuando el juez Riggi había partido de vacaciones hacia Estados Unidos. Con un inusual contenido político, el abogado no sólo pidió a la Casación que habilite su apelación a la Corte para discutir la prisión preventiva de López y su socio Fabián De Sousa y el regreso de la acusación como un fraude al Estado, sino que además busca apartar a los camaristas que votaron esa sentencia acusándolos de haber obedecido a presiones del Gobierno, y pide que se cite a declarar a media docena de funcionarios y periodistas, comenzando por el presidente Mauricio Macri.
Beraldi argumenta que él y varios de sus ministros expresaron pública y reiteradamente su indignación con la sentencia de la Cámara Federal que había liberado a Cristóbal y suavizado la acusación en su contra, en base a notas periodísticas afirma que hubo múltiples presiones contra los jueces Ballestero y Farah antes y después de que firmaran aquel fallo, y que el objetivo final detrás de esas supuestas maniobras era enviar a la quiebra a Oil Combustibles, la firma de López y de Sousa dueña a su vez del resto de las firmas del grupo Indalo.
El abogado denuncia “la posición de confrontación pública asumida por el Poder Ejecutivo Nacional con relación a mis representados y, en particular, su decisión de llevar a la quiebra a todas las sociedades que integran Indalo, entre las que se encuentran sus empresas de medios periodísticos que, como es sabido, conservan una línea editorial independiente a la actual administración gubernamental”. En el centro del drama construido por Beraldi, “cabe evaluar que, como acto final de esta trama, los hechos terminen precipitándose de la siguiente manera: o se cierran todos los medios de comunicación, cuya línea editorial tanto incomoda al gobierno nacional, o aquellos terminan en manos del algún monopolio periodístico, más dócil y afín a los intereses de la alianza gobernante.”
El doctor omite un detalle: esas firmas fueron compradas por Oil con los 8.000 millones de pesos que la petrolera había dejado de remitir a la AFIP en concepto de impuesto a los combustibles.
En el marco de esa supuesta conspiración, López y De Sousa entienden que los jueces Hornos y Riggi actuaron como un engranaje coordinado con el Ejecutivo, que admitieron tratar la apelación a la sentencia de la Cámara Federal cuando en casos similares no lo habían hecho y hasta que dictaron su resolución “sin siquiera haber leído la causa”: “durante los catorce días hábiles de tramitación de los recursos, las actuaciones principales se mantuvieron en el Juzgado de primera instancia; no obra en la causa ni en el sistema informático de gestión judicial una sola constancia de que el expediente al menos hubiese sido remitido a la Cámara de Casación, ‘para su lectura’”.
Llaman a indagatoria a Cristóbal López y a Lázaro Báez por una maniobra de lavado de dinero
Para despejar sus dudas, Beraldi le pide a la Casación -en el escrito que ahora descansa en el escritorio de la jueza Figueroa- que cite a declarar al Presidente de la Nación Mauricio Macri, al ministro de Justicia Germán Garavano; al representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques; a los titulares de la A.F.I. Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; al presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, al abogado del gobierno Fabián Rodríguez Simón, y a los periodistas Ricardo Roa y Lucía Salinas, de Clarín, a Hugo Alconada Mon y Hernán Capiello -de La Nación-, Alfredo Siletta y Amilcar Fidanza. Todos ellos escribieron notas sobre este tema.
La sentencia contra López y De Sousa fue el más duro golpe contra las aspiraciones del empresario K de aguantar el golpe de la Justicia. En su voto, el juez Hornos –ahora recusado- señaló que el dueño de Indalo fue autor de uno de los hechos de corrupción más graves de la historia, recordó que la corrupción amenaza la estabilidad y la seguridad de la sociedad, socava las instituciones y compromete el desarrollo de sostenible de la Nación, y advirtió sobre la importancia vital del recupero de los bienes apropiados como uno de los objetos del juicio penal.