La Ley 27.372, que reglamentó el Gobierno hace diez días, establece
derechos especiales de las víctimas: a ser escuchadas, a participar, a que se reciban sus denuncias y a apoyo económico.También prevé la creación de un sistema de atención y de asistencia que involucra al ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a otras agencias, incluso a las provincias. Parte de ese sistema dispondrá que el Estado nacional brinde orientación, información, acompañamiento y gestiones para que las víctimas directas e indirectas de algún delito puedan conocer sus derechos y ejercerlos, especialmente, ante el Poder Judicial.
El Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas (CENAVID) coordinará la política pública de apoyo a los derechos a las víctimas. Para ello tendrá bocas de atención en todo el país ubicadas en los 89 centros de acceso a justicia que ya tiene el Ministerio de Justicia. Las víctimas podrán podrán acudir y encontrar el apoyo de abogados, psicólogos y trabajadores sociales. El centro nacional y sus bocas se van a integrar con otras agencias, como la Defensoría general de la nación o las propias oficinas de atención a víctimas en las provincias.
El Observatorio para las Víctimas del Delito se creó para proteger a los beneficiarios de la Ley N° 27.372. El mismo quedará enmarcado en el ámbito de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este organismo se encargará del monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de política pública de víctimas del delito. Deberá contar con al menos un integrante de las regiones del NOA, del NEA, de Cuyo, del Centro y del Sur, a los fines de garantizar la representación federal. El Observatorio estará integrado por víctimas de delitos y será presidido por el ministro Germán Garavano.
• Se creó la línea telefónica 149 para recibir la primera orientación por esa vía.
• Centros de acceso a la Justicia para conocer los caminos respecto a los derechos, conocerlos y ejercerlos según las necesidades.
• Asistencia psicológica: se elabora la situación y se brinda contención.
• Asistencia jurídica: para entender qué trámites hay que realizar o entender la causa.
• Recursos económicos para participar de las audiencias.
• Cooperación de los distintos niveles del Estado: las oficinas de atención a víctimas cooperan y están disponibles para asistir junto con los centros del ministerio de Justicia y DDHH.
• Centros de atención en todo el país con equipos multidisciplinarios
Hay una serie de derechos y garantías que tiene aseguradas toda víctima directa o indirecta de un delito. Para esto, el Estado debe prometer acompañamiento y apoyo para que pueda procesar lo ocurrido con autonomía, comprensión y herramientas posibles.
El otro aspecto es la posibilidad que tendrán las víctimas de participar en los procesos judiciales que se desencadenen por el delito. Hay una serie de derechos a la información, de participación, de ser escuchados, que debe asegurarse ante el Poder Judicial.
Tradicionalmente, las víctimas estuvieron relativamente afuera de los procesos judiciales donde se debía determinar por ejemplo, quiénes son responsables y qué debe pasar con ellos. La nueva ley apuesta a una participación más activa y una serie de garantías de participar en el proceso penal y de ser escuchados antes de que se tomen algunas decisiones. Para eso se necesita apoyo técnico, de abogados, mucha información y que los tribunales que investigan delitos tengan presente la participación de las víctimas.
El sistema trata de asegurarle a las víctimas que no tengan las herramientas necesarias, que puedan acceder a ellas con el apoyo del Estado.
La ley establece que para los delitos federales, la Defensoría general de la Nación debe proveer los servicios de patrocinio jurídico. O sea, la representación legal a las víctimas de estos delitos. La Defensa pública tiene que llamar a la convocatoria para el proceso de selección dentro de los defensores oficiales. Mientras tanto, varios funcionarios de la Defensoría general de la Nación fueron designados para poder dar este servicio.
El proceso de sanción de la ley tuvo un consenso multipartidario muy relevante, lo que genera un compromiso y una expectativa de que todas las fuerzas políticas, incluso a nivel nacional, asuman la obligación de darle una aplicación robusta y rápida. La ley contó con la movilización de los colectivos de víctimas, por lo cual se espera que tengan un rol muy activo en la implementación.
Se consideraron distintas iniciativas y políticas públicas. Si bien existen compromisos internacionales de asegurar la protección efectiva de los derechos de las víctimas, como en Naciones Unidas y en distintos foros, existen diversos modelos: unos que apoyan más el trabajo en el poder judicial, otros en la administración.
En este caso, la ley ha tratado de optimizar las capacidades estatales, tanto nacionales como provinciales, para que el sistema de implementación aproveche la cooperación, evite duplicaciones y aproveche lo que sabe hacer mejor cada una de las partes del ecosistema que debe crearse. Se buscaron experiencias de países comparables que han logrado implementar esto de alguna manera exitosa teniendo en cuenta el tipo de tradición que tiene Latinoamérica.