El lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez recusó y denunció penalmente al fiscal federal Federico Delgado por su actuación en la causa por el confeso pago de coimas declarado por la empresa brasileña
Odebrecht para la construcción de obra pública en la Argentina.
A través de sus abogados, Alejandro Novak y Eugenio Blanco, el ex novio de la popular conductora televisiva Susana Giménez acusó a Delgado de perseguirlo “ciegamente”, de no ser objetivo y de haber vulnerado “garantías constitucionales básicas como la del debido proceso”.
Delgado interviene en la causa radicada en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello y en la que se investiga si Odebrecht pagó coimas para la construcción de una planta potabilizadora de la estatal Aguas y Saneamientos (AySA) en el Tigre.
El fiscal presentó la semana pasada ante el juzgado un detallado dictamen en el que acusó a Rodríguez de ser un “facilitador” y “conector” de las coimas que la propia empresa admitió haber pagado por todo el mundo, incluida la Argentina, ante la Security Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, un organismo que supervisa a las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores en ese país.
De acuerdo con los abogados de Rodríguez, Delgado fue “mucho más allá del antagonismo propio del rol del acusador”, y sostuvieron que “la conducta del fiscal” respecto de su defendido fue “absolutamente maliciosa y constitutiva de enemistad manifiesta”, la causal esgrimida para pedir su apartamiento de la causa.
Pero además, los abogados de Rodríguez presentaron una denuncia penal contra Delgado, que quedó radicada en el único juzgado vacante de Comodoro Py, subrogado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Dos ex abogados del “Corcho” Rodríguez comparten una cuenta en Uruguay con un directivo de Odebrecht
Este juez investiga otra denuncia de abogados defensores contra el fiscal, en este caso por su actuación en la causa por las muertes ocurridas durante la fiesta de música electrónica Time Warp de Costa Salguero.
Ahora Rodríguez acusa a Delgado de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” por haberlo vinculado con Mauricio Couri Ribeiro, uno de los “arrepentidos” del “Lava Jato” brasileño, y por haber transformado en testigos a quienes debiera considerar como imputados, por los otros colaboradores de la Justicia brasileña.