La familia de Santiago Maldonado emitió un duro comunicado sobre que el juez federal Gustavo Lleral ordenó la nulidad y destrucción de las grabaciones
obtenidas mediante la intervención de los teléfonos de Sergio Maldonado, Claudia Pilquiman (mamá de Lucas Naiman Pilquiman también conocido como Testigo E), Ariel Garzi (amigo del artesano) y Marcela Anarda Stocovaz, vinculada a la comunidad mapuche.
El escrito, que fue difundido por las redes sociales, denuncia que la familia del joven, muerto en Cushamen presuntamente el 1 de agosto de 2017, “objeto de una persecución” debido a la “intervención telefónica ilegal de Sergio Maldonado”.
“Somos doblemente víctimas: por la falta de respuesta ante la desaparición y muerte de Santiago, y por comprobar que, en lugar de establecer quiénes son los culpables del hecho, fuimos investigados sin estar imputados en la causa“, sostiene el escrito.
Las perecías firmadas por todos los perito, incluidos los de parte, aseguran que Maldonado murió ahogado cuando intento cruzar las heladas aguas del Río. No hubo desaparición, según la justicia.
El magistrado fundamentó su decisión en que las escuchas resultan “abiertamente inconstitucionales e inconvencionales” ya que los teléfonos intervenidos pertenecían a personas que no eran sospechosas de ningún delito.
Las intervenciones fueron puestas en marcha por la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, a partir de una orden del anterior juez federal de la causa Guido Otranto, quien hizo lugar a una solicitud de la fiscal federal Silvina Avil
“Nos hemos visto obligados a impulsar una investigación parcial, lenta e ineficaz y somos objeto de desviaciones maliciosas, de una persecución ilegal y perversa, que construye un escenario de impunidad para los autores del hecho”, expresan respecto al rumbo de la investigación a cargo del juez Lleral, quien determinó que el resultado de las escuchas no tiene validez judicial, será destruido y no formará parte del expediente.
“No tenemos nada que ocultar y no van a intimidarnos con provocaciones ni persecuciones.Somos ciudadanos comunes y corrientes exigiendo Verdad y Justicia. El Estado no debería invertir tiempo y recursos en investigarnos sino dar una respuesta eficiente a nuestro pedido, que ya es de tantos miles en nuestro país y el mundo”, concluye el comunicado de la familia.