En su discurso de apertura legislativa, el 1° de marzo, Mauricio Macri le reclamó al Congreso que agilice la aprobación de la ley de financiamiento productivo, el nombre que le impuso
el Ejecutivo al proyecto para reformar el mercado de capitales. En los últimos días de tensiones económicas volvió a pedirle a su bloque de diputados e incluso a los opositores -lo hizo público el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en una conferencia de prensa- que exploren las vías para poder convertirlo en ley.
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El peronismo federal prometió facilitar el quórum y los votos para sancionarlo hoy, como módico gesto de aporte a la gobernabilidad, mientras avanza contra la suba en las tarifas. ¿Qué tiene la ley que le interesa tanto al Gobierno?
Fuentes oficialistas aseguran que su puesta en marcha ayudaría a la Argentina a dar una señal al frente externo de fortalecimiento de un mercado financiero poco atractivo y mucho menos desarrollado que otros países de la región. La capitalización del mercado argentino asciende al 18% del PBI, contra el 46% de Brasil y el 112% de Chile.
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Cuando se promulgue la ley, entrarán en vigencia una serie de instrumentos destinados a facilitar el financiamiento de las pymes. Serán los siguientes:
# Las facturas que emitan las pymes por sus productos se aceptarán a los 15 días. Eso las transformará en un cheque que podrá ser descontado en el banco o en el mercado y, de no ser pagada, se podrá accionar contra la empresa que las recibió.
# Tendrán acceso más facil a la emisión de Obligaciones Negociables.
# Se refuerza el carácter de valor negociable del pagaré.
Otro eje de la reforma es la posibilidad de securitizar los créditos hipotecarios. Así, los bancos podrán ampliar el fondeo para esos préstamos. Las piezas que se introducen son:
# Letra hipotecaria ajustada por CER (evolución del índice inflacionario).
#Pólizas ajustada por CER. Son las que permitirán a los bancos vender parte de la cartera de hipotecarios en el mercado de capitales y así obtener fondos para seguir prestando.
Al mismo tiempo, el texto apunta a desarticular reformas introducidas en el kirchnerismo: deroga la cláusula que le permite a la Comisión Nacional de Valores la intervención de una empresa. “Esa medida ahuyentó las inversiones y ahora apuntamos a cumplir estándares internacionales, eliminando las facultades discrecionales del ente regulador”, dicen en Finanzas. Con todo, el Senado devolvió el texto a Diputados ajustando la forma de elegir las autoridades de la CNV que proponía Macri.