El juez Sebastián Casanello llamó a declaración indagatoria y a Jorge “Corcho” Rodríguez, acusado de ser parte de una estructura de sobornos en el marco de la causa donde se investiga
a la brasileña Odebrecht por la construcción de dos plantas de AySA, donde ya fueron indagados referentes de la construcción y ex funcionario de la empresa estatal.
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Y decidió procesar por administración fraudulenta a los empresarios Carlos Wagner y Benito Roggio, entre otros.
El pedido de la indagatoria lo realizó la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso la semana pasada, después de analizar una serie de documentación que llegó desde Uruguay tras unos exhortos enviados por el juzgado para analizar una serie de cuentas bancarias y firmas offshore vinculadas al entramado de sobornos encabezados por Odebrecht. El fiscal Federico Delgado había adherido al pedido de la OA, al que hizo lugar este martes el juez Casanello
El gigante brasileño admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares en nuestro país para obtener contratos de obras públicas durante el gobierno kirchnerista. En la información analizada, se detectaron transferencias a los contadores de Rodríguez en Uruguay por más de 11 millones de dólares.
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Clarín reveló la semana pasada que la Justicia uruguaya determinó que cambistas de Odebrecht transfirieron 10.210.374 de dólares y 684.283 euros al “intermediario” Rodríguez, entre octubre de 2011 y septiembre de 2014.
Según la OA, el dinero que descubrió la justicia de Uruguay habría sido para que el “ex ministro Julio De Vido y otros funcionarios kirchneristas beneficiaran a la constructora brasileña en la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, “mediante un acuerdo espurio que incluía el pago de sobornos a funcionarios públicos”.
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El organismo planteó que el “Corcho” Rodríguez utilizó para pagar los sobornos a la empresa off shore Sabrimol Trading, constituida en Uruguay, de cuya cuenta en el Banco Itaú “fluyeron los montos descriptos”.
Para realizar esas operaciones, el empresario habría contado con la colaboración de tres contadores uruguayos, quienes “tuvieron vinculación directa con la sociedad uruguaya, su mantenimiento, administración y derivación de fondos”, aseguró la OA. Y agregó que esas personas “son quienes figuran en los registros de ese país como autoridades de Sabrimol y que ejecutaban las directivas de Rodríguez, que daba en forma directa o a través de su contador, Roberto Gandini”.
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A los tres socios uruguayos de Sabrimol se le agregaba Marcos Samuel Sankowicz, quien figura como receptor de las transferencias de esa empresa off shore.
Los cuatro realizaban viajes entre Uruguay y la Argentina, en aviones del “Corcho” Rodríguez, “que permiten sospechar que parte del dinero pudo haber ingresado en efectivo por esa vía”.
En esta investigación, a cargo del juez Casanello, se planteó que hubo “acuerdos espurios” para manipular actos administrativos y que “las contrataciones estuvieron previamente direccionadas” y que el llamado a licitación pública fue tan sólo “una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”.
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En consecuencia, hubo una “ficción sobre el mejor precio” y ambas obras -la planta de Paraná de las Palmas y otra en Berazategui- expusieron “la existencia de un millonario perjuicio económico al Estado traducido, entre otras cosas, en mayores costos como consecuencia de las irregularidades cometidas”.
La planta de Paraná de Las Palmas (Tigre), fue adjudicada al consorcio integrado por Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellone Construcciones y Supercemento, supuestamente por un 25% más alto que su valor inicial de licitación: pasó de 1.838 millones de pesos a 2.200 millones. Con retrasos permanentes en la construcción (más de 60 meses), ese costo se incrementó un 78%.
La otra obra, una planta de tratamiento de efluentes cloacales de Berazategui, fue adjudicada al Consorcio Camargo Correa (firma brasileña investigada en el Lava Jato) y Esuco SA. Esta planta fue licitada por 324 millones de pesos en 2007, y su adjudicación se realizó por un monto superior: 481.764.394 pesos.
En ambos contratos, según consignó el juez y tomó como dato relevante. participaron “firmas brasileras involucradas en mayor o menor medida en el Lava Jato”, la causa por lavado de dinero y corrupción que tiene como una de las protagonistas a Odebrecht que pagó sobornos en doce países para obtener obras.