Tal como insinuó tras dejar el poder, Cristina Kirchner está decidida a demostrar que su gobierno no favoreció a Lázaro Báez con los contratos de obra pública vial. Antes de que
comience el juicio oral y público por el direccionamiento de los contratos en Santa Cruz hacia las empresas del dueño de Austral Construcciones, su abogado solicitará que se realice un peritaje de todos los contratos firmados durante sus administraciones y la de su esposo, es decir que se investigue a todas las empresas constructoras que ganaron licitaciones desde 2003 a 2015. Según esa estrategia, en el tercer puesto del supuesto ranking de “beneficiados” estaría IECSA, la firma que ese lapso pertenecía al primo de Mauricio Macri Ángelo Calcaterra.
La ex Presidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo, saliendo del mausoleo de Néstor Kirchner junto al empresario K Lázaro Báez y colaboradores. /OPISANTACRUZ
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) se prepara para la etapa de presentación de pruebas de los quince acusados que irán a juicio, y la ex Presidenta insistirá con que se investigue a otros empresarios de la construcción para desligarse de Báez, su socio comercial.
En en la causa, Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner -entre otros ex funcionarios-, y el propio Báez, están acusados haber conformado una asociación ilícita para defraudar al Estado al favorecer al Grupo Austral con obras viales “plagadas de irregularidades”. No era el destino final, los fondos “terminarían enriqueciendo el patrimonio de los Kirchner a través de otros negocios espurios”, como el alquiler de los hoteles.
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El juicio podría iniciar antes de fin de año, pero antes deben sortearse algunos aspectos técnicos y de logística que fueron plasmados en una nota que el Tribunal remitió al Consejo de la Magistratura: acondicionar la sala de audiencias -donde sólo funcionan cuatro micrófonos-, contar con espacio suficiente para la cantidad de acusados,arreglar luminarias, sumar baños públicos y mejorar la tecnología para realizar el juicio y exponer la documentación con la que se cuenta. Para empezar, se necesita lugar para resguardar las 70 cajas de documentación.
Respecto al trámite del juicio, en pocas semanas se abrirá la etapa de presentación de pruebas. Allí la ex Presidenta -según indicaron desde su defensa a Clarín- volverá a insistir con un nuevo peritaje sobre la obra pública: busca echar por tierra el trabajo de la actual gestión de Vialidad Nacional bajo la conducción de Javier Iguacel.
Lázaro Báez y Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner. Foto Opi Santa Cruz.
Tras una auditoría de meses, el organismo determinó que el gobierno de Cristina entregó a Báez más del 85% de la obra vial de Santa Cruz. Esto representó 52 contratos por 46.000 millones de pesos , un 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional.
Entre los agravantes, el informe indicó que más de la mitad de las obras no se realizaron, y pese a ello el empresario K cobró la totalidad de los contratos con un sobreprecio promedio del 65%.
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Cristina Kirchner desmiente estos planteos y rechaza la idea que Lázaro fue un“empresario inventado por ellos”, a raíz del “vínculo de amistad”.
Por eso quiere llegar al juicio con un informe que revierta estas premisas y apuntar a otros empresarios: entre ellos Ángelo Calcaterra. No es la primera vez que insiste con este pedido, lo hizo cuando fue indagada, y su pedido fue rechazado por el juez federal Julián Ercolini. Esa decisión que fue confirmada por las instancias superiores.
¿Qué solicitará al TOF 2 la senadora? Un peritaje completo de la obra pública nacional adjudicada, no sólo por su gobierno, sino también por el de Néstor Kirchner. El período sería entonces 2003-2015, y no realiza un recorte de la obra vial, que es la que percibió Lázaro Báez, sino de todas las obras públicas, desde planes de viviendas a construcciones y redes de servicios públicos.
Austral Construcciones, la empresa que recibió 52 contratos del gobierno de Cristina Kirchner. Foto Maxi Failla.
l objetivo es disimular a Báez en una nómina con otrosbeneficiados con la obra pública nacional: según una lista similar que en su momento presentó Julio De Vido, los primeros puestos corresponderían a Techint, Electroingeniería, Iecsa(que entonces pertenecía al primo de Macri), Invap, Odebrecht, Esuco, Cartellone, entre otras. A excepción de Invap, todas las demás empresas se encuentran investigadas en la justicia en diversas causas por irregularidades en las obras que les adjudicó el gobierno K.En este extenso listado, el Grupo Austral de Báez estaría en el puesto 45.