La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó ante el Ministerio de Justicia una impugnación contra la candidatura de Inés Mónica Weinberg de Roca, la candidata del Gobierno para la
Procuración General de la Nación. Señalaron que la letrada “no posee un claro compromiso con los derechos humanos”.
“La doctora Weinberg no cumple con lo referido a la exigencia de un claro compromiso con los derechos humanos, dado que sus posiciones públicas no resultan coherentes con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina”, señaló la entidad que conduce Estela de Carlotto en un comunicado.
La organización se refiere puntualmente a declaraciones de 2008 de Weinberg de Roca, cuando era miembro del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Consultada por su visión sobre el rol de la Justicia africana en la investigación del genocidio ocurrido en 1994 en ese país, Weinberg de Roca realizó una comparación con Argentina.
“Tengo el sentimiento de que es justicia de un solo lado; no tan diferente de la justicia en mi país, pero en Argentina también hubo justicia de un solo lado, y eso no está bien”, había señalado en una entrevista realizada por el colectivo Voices of Rwanda.
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“La doctora Weinberg, además, como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, emitió un fallo que faculta a la Policía a detener personas en la vía pública para pedirles identificación, sin una justificación objetiva. Este criterio implica un grave retroceso para las garantías constitucionales”, agregaron desde Abuelas.
El mes pasado, el propio Mauricio Macri, anunció en un programa de televisión que postularía a la jueza porteña para reemplazar a Alejandra Gils Carbó como jefa de los fiscales.
Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, en el acto por el 24 de marzo.
Los trámites para su designación comenzaron formalmente con la publicación de sus antecedentes jurídicos y académicos en el Boletín Oficial y en diarios. Ahora, es el momento en el que la candidata recibe apoyos y objeciones. Vencido ese plazo, el Ministerio hará un informe y elevará el pliego al Presidente, quien debe enviar la postulación al Senado.
La organización defensora de derechos humanos también objetó las nominaciones de Guillermo Jorge Yacobucci a juez de la Cámara Federal de Casación Penal, y de Guido Otranto al cargo de juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, Río Negro.
Con respecto a Yacobucci, citan que como juez subrogante en la Casación, dispuso el cese de la prisión preventiva a represores que actuaron en la ESMA, como Jorge Acosta o Alfredo Astiz.
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En cuanto a la impugnación a la candidatura de Otranto, la organización censuró la actuación que tuvo en la investigación relativa a la desaparición de Santiago Maldonado.
“El juez no sólo negó a los familiares de la víctima la posibilidad de ser recibidos y escuchados, sino que durante todo el proceso demostró su parcialidad y, por lo tanto, finalmente fue apartado de la causa”, sostuvieron.