En la jornada de hoy, el juez federal de Quilmes Luis Armella ordenó hoy el allanamiento de las sedes de Independiente en el marco de una
causa por presunto lavado de activos en el club de Avellaneda. “Si bien se llama orden de allanamiento, la naturaleza específica del acto es una orden de presentación de documentos”, aclaró el letrado, “es algo que bien se podría haber hecho por oficio”.
Los allanamientos fueron ordenados a partir de denuncias hechas por Pablo “Bebote” Álvarez, ex jefe de la barrabrava del club, quien declaró como testigo ante el juez Arnella y a su vez está detenido por una causa de privación ilegítima de la libertad y extorsión contra el ex DT de Independiente Ariel Holan.
“Bebote, por sus antecedentes, no debería tener credibilidad en sus dichos salvo que acompañara alguna prueba”, acusó Llermanos, y agregó que “esto es una constante en las causas donde son denunciados Pablo o Hugo Moyano: nunca son las víctimas las que hacen la denuncia”.
El abogado y ex juez de Lomas de Zamora también se refirió a la empresa Aconra, propiedad de la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, que figura en el expediente como una firma supuestamente utilizada para llevar a cabo lavado de dinero.
“La esposa de Hugo es empresaria de toda la vida, mucho antes de conocerlo a Moyano”, sostuvo Llermanos, “con sus empresas era proveedora del Sindicato, el hecho de que luego contrajera matrimonio con Hugo no era motivo de rescisión del contrato en la medida de que los precios y la calidad de los productos fueran buenos”.
En ese sentido, justificó la relación comercial entre marido y mujer ya que “Moyano siempre trata de contratar allegados o personas de afecto, porque sabe que así consigue mejores precios, quizás este sea el secreto por el cual todas sus instituciones son superavitarias”.
El abogado también aclaró la situación procesal de su cliente, al explicar que “la palabra imputado suena a acusado, y en realidad es sinónimo de denunciado, que tiene derecho a defenderse”, ya que “el código procesal, tanto de la Nación como de Provincia, dice expresamente que cualquier persona que sea denunciada, puede considerarse imputado y con derecho a nombrar un defensor”.