El próximo jueves Daniel Scioli deberá dar explicaciones ante la Justicia por sus negocios con un empresa que fue proveedora de la Provincia durante su gestión. Será la primera vez que
declare en indagatoria en una causa que investiga supuestos hechos de corrupción. El expediente, que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta, detectó que la gobernación de Scioli benefició con contratos de obra pública por $117 millones a una empresa que, al mismo tiempo, le garantizaba fondos millonarios al ex gobernador por el alquiler de un predio en Villa La Ñata donde aún vive.
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La de Scioli no será la única indagatoria en esta causa. Un día antes, el miércoles 2, deberá presentarse el ex ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, y el viernes 4 el empresario Ricardo Miller, dueño de Miller Building International SA, la empresa que construyó las nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) con fondos de la Provincia y que está bajo sospecha.
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Tras las indagatorias, todo indica que el fiscal Garganta pedirá elevar a juicio oral al ex gobernador-como publicó Clarín- en el marco de la megacausa de las “cajas políticas” durante su gestión. El expediente se inició por una denuncia de la diputada Elisa Carrió y tiene varias ramificaciones que investigan irregularidades en la jefatura de Gabinete, Aguas Bonaerenses, el IOMA, el Puerto de La Plata, la Lotería y los vuelos con taxis aéreos, entre otras.
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El caso por el que será indagado Scioli investiga las irregularidades en la adjudicación de la obra pública. Según describió el fiscal Garganta en un escrito Scioli y Miller tenían un vínculo cercano que facilitó la maniobra delictiva. “Scioli mantenía una relación personal y comercial con Ricardo Miller (presidente de Miller Building) antes, durante y aun después que el empresario fue beneficiado irregularmente con el otorgamiento de las obras públicas”.
La relación comercial entre Scioli y el empresario se remonta a julio de 2013 cuando Miller le alquiló un terreno de 41.000 metros cuadrados en Villa La Ñata a Capanone SA (la sociedad de la que Scioli posee el 99% de las acciones) para montar un supuesto emprendimiento hotelero. Por administrarlo y gerenciarlo le pagó $4.464.960 en 60 cuotas mensuales.
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En paralelo, la compañía constructora del empresario, Miller Building International SA, se quedaba con contratos millonarios para la construcción de las Unidades de Pronta Atención en la Provincia. Por eso, la Justicia sospecha de una estructura de “dádivas”. Miller le devolvía a Scioli con los pagos del supuesto alquiler de la posada parte de los fondos que recibía por la obra pública. La maniobra sería similar a la que realizaba la ex presidenta Cristina Kirchner con el alquiler de habitaciones de sus hoteles a Lázaro Báez.
El fiscal, detectó que las contrataciones para las UPA tuvieron “múltiples irregularidades” para favorecer a Miller. Hubo una elusión de la ley de obras públicas, que apunta a generar mayor competencia entre los proveedores, y se redujeron plazos de adjudicación para que otras empresas no pudieran presentar sus ofertas en tiempo y forma.
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Además, durante la gestión Scioli, Miller Building obtuvo más obras: construyó un centro de monitoreo en la Autopista del Buen Ayre e infraestructura en el Puerto de La Plata, aunque por ahora esas adjudicaciones no están bajo investigación.
Más allá de la obra publica, hay un proyecto que es emblemático y revela la vinculación que Miller tenía con Scioli. Se trata de la construcción de Villa La Ñata Sporting Club, el gimnasio y micro estadio de futsal que pertenece al ex gobernador y que lleva el mismo nombre que el equipo en el que juega de delantero. El club fue construido por Miller Building en el mismo predio donde está La Ñata, la casa de Scioli sobre el río Luján en Tigre.
En enero de 2017, cuando el ex gobernador ya había dejado su cargo, finalmente Miller le compró a Scioli el terreno que le alquilaba. Desembolsó US$ 3.850.000 a pesar de que casi no se había utilizado como posada y solo funcionó para realizar festejos familiares de los Miller.