A través del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno le solicitó formalmente al juez federal Gustavo Lleral el cambio de carátula del caso de Santiago Maldonado. Con, esto
el ministerio conducido por Patricia Bullrich se suma a la solicitud que en el mismo sentido había hecho la fiscal federal Silvina Avila y que había rechazado el magistrado a fines de diciembre.
Fue el abogado Fernando Soto, de Seguridad, quien le solicitó al juez la modificación basándose en el abundante material probatorio que indica que Maldonado murió ahogado en el río Chubut sin la intervención de terceros.
“En mi carácter de representante legal del Ministerio de Seguridad de la Nación, he sido instruido y facultado para solicitar a V.S. el cambio de calificación legal del objeto procesal del presente proceso”, arranca Soto en un documento entregado días atrás en los tribunales de Esquel.
“Este sumario se abrió bajo la hipótesis de la comisión de un delito de desaparición forzada de persona, investigándose a miembros de Gendarmería Nacional Argentina. En paralelo se ha substanciado la causa nro. 8233 para averiguar el paradero del sr. Santiago Maldonado, en virtud de la denuncia de su ausencia. En dicha causa se ha podido determinar fehacientemente que el joven Maldonado ha fallecido por ahogamiento por inmersión, y que ni sus prendas ni su cuerpo presentaron signos de arrastre, ni de violencia”, continúa el abogado.
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“Ello sumado a las restantes probanzas realizadas en la citada causa nro. 8233 (pericias de ADN, identificación de manchas hemáticas, de cabellos humanos, etc.), dan cuenta que la hipótesis delictiva original planteada por el Ministerio Público Fiscal, no ha ocurrido, y ha sido de público conocimiento que, desde esa dependencia, también se han expedido en el mismo sentido.
“Por lo expuesto, y en el carácter invocado solicito a V.S. el cambio de la calificación legal de los hechos investigados”, concluye.
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Con esto, Soto procura que el juez Lleral le ponga punto final a la teoría –y a los consecuentes Habeas Corpus por su desaparición– que indicaba que el artesano había sido detenido, golpeado y trasladado a un sitio desconocido por los efectivos de Gendarmería Nacional.
Los exámenes desarrollados por 55 peritos, entre los que se contaban profesionales de parte, concluyeron de manera unánime que Maldonado estuvo “más de 72 días” en el río y que “falleció por sumersión en las aguas del río, coadyuvado esta ahogamiento por hipotermia”. El informe final fue dado a conocer el 24 de noviembre pasado por el propio magistrado a los medios.
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Casi un mes después, como adelantó entonces Clarín, la fiscal Avila le había pedido al juez Lleral el cambio de carátula de “Desaparición Forzada” a “Muerte Dudosa”. En la visión de la funcionaria judicial, “no se han comprobado ni siquiera mínimamente” elementos que fundamenten esta hipótesis a lo largo de las pesquisas. Pero el juez lo rechazó.
El 13 de enero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) clausuró las medidas cautelares que pendían sobre la Argentina por la desaparición de Maldonado. Estas, explicaron, “quedaron si objeto” al aparecer el cadáver y demostrarse que el artesano murió ahogado sin señales de violencia. La resolución del CIDH también fue aprobada por unanimidad.