Los diputados del bloque del Frente para la Victoria insistieron en el pedido de libertad de Julio De Vido, detenido desde octubre pasado en la cárcel de Marcos Paz por la
causa en la que se investigan supuestas irregularidades en las obras de remodelación de la mina de carbón de Río Turbio.
El bloque kirchnerista presentó una carta ante el juez federal Luis Rodriguez, donde solicitaron que se levante la prisión preventiva que pesa sobre el ex ministro de Planificación y miembro de la Cámara Baja.
En el texto, sostienen que no hay “sustentos jurídicos” que justifiquen la continuidad de la medida y que a su vez “afecta el normal desenvolvimiento del cuerpo parlamentario y lesiona gravemente la voluntad popular y la representación política de la composición de la Cámara de Diputados”.
“Está más que probado y es obvio que no hay peligro de fuga y que se presentó a cada requisitoria judicial, no hay posibilidad alguna de entorpecer o interferir en las investigaciones que se efectuaron y que se continúen haciendo, el absurdo fundamento de ser presidente de la Comisión de Energía de Diputados ya no existe y el sustento de la acusación basada en una pericia contable de uno de los peritos que usó el juez Bonadío se desplomó a criterio de la propia justicia de apelaciones al considerarla una infamia”, argumentan en la misiva.
Así, sus colegas de bancada pidieron al juez Rodríguez disponer la “inmediata libertad” del ex funcionario kirchnerista, “a fin de que recupere su estado de parlamentario y cumpla las funciones que el pueblo le encomendara por conducto del sufragio”.
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Además, sostienen que el desafuero de De Vido, a cuyo debate el bloque K decidió no participar, fue “una maniobra de avasallamiento institucional de la voluntad popular, gestado por el poder judicial y los diputados del oficialismo que favorecieron la maniobra de desahucio, y que a cierto tiempo vista se puede apreciar sin lugar a dudas”.
En tanto, el juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria para el próximo 23 de mayo al ex ministro de Planificación , en el marco de una causa en la que se investiga si se pagaron sobreprecios en la compra de equipos tecnológicos para producir contenidos audiovisuales digitales para la Universidad de San Martín (Unsam).
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En la causa se investiga si la Universidad Nacional de San Martín ordenó la construcción de un laboratorio de medios y compró equipamiento tecnológico (Mocap) por “sumas muy superiores a las que correspondía a su precio de mercado”, financiados por el Ministerio de Planificación.
Las indagatorias también alcanzan el ex funcionario de Planificación Luis Alberto Vitullo, el ex rector de Unsam Carlos Ruta y directivos de las firmas Sistema de Video Comunicación SA y Urban Baires.