Cómo fue la polémica compra de equipos de efectos especiales, por la que indagarán a De Vido

¿Por qué la Argentina no podía tener los mismos equipos de efectos especiales que los famosos estudios californianos DreamWorks? Esa y otras preguntas similares llevaron al entonces ministro de Planificación, Julio

De Vido, a gastar entre 2011 y 2015 un total de $ 349.676.538 en un proyecto faraónico, entre los que se destacó el equipo de Captura de Movimiento más grande de Latinoamérica (llamado Mocap, por Motion Capture), con 72 cámaras especiales, que registran el movimiento humano y permiten transformarlo en hasta 19 personajes simultáneos de cine de animación.

Era de tal magnitud el equipamiento que compró De Vido, para la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que el entonces presidente estadounidense Barack Obama estuvo hace cuatro años en DreamWorks para ver un equipo similar, donde el director Dean De Blois le explicó el uso del Mocap en su película “Cómo entrenar a tu dragón 2”.

Al igual que otros proyectos encabezados por De Vido, acá también se pagaron “sumas muy superiores a las que correspondía a su precio de mercado”, sostuvo el juez Claudio Bonadio, en la reciente citación para que el ex ministro preste declaración indagatoria el próximo miércoles 23 de mayo. El ex funcionario kirchnerista se encuentra detenido desde octubre pasado en la cárcel de Marcos Paz, por la causa en la que se investigan irregularidades en las obras de la mina de carbón Yacimientos Río Turbio.

En la denuncia que presentó ante la Justicia el abogado Ricardo Monner Sans, un testigo de declaró con reserva de identidad planteó que “no hay universidad en el mundo que tenga estos equipos. Todo era para que lo usara la productora Sinema, del empresario K santacruceño Mauricio Brunetti, con fines de explotación comercial, que él jamás hubiera podido comprar”.

El proyecto original arrancó en agosto de 2011, con un costo estimado en $ 165 millones, que pagaba Planificación para equipos de la UNSAM. Ese convenio sufrió tres modificaciones, hasta llegar a $ 520 millones, cuando se interrumpió a fines de 2015 y ya se habían gastado $ 350 millones. Según Bonadio, hay “un grado de sospecha suficiente en cuanto a que se habría infligido un importante perjuicio económico al erario público”.

Cuando Clarín difundió por primera vez el caso, en octubre de 2016, el ministro De Vido se defendió por Twitter. “Estamos orgullosos de haber equipado con tecnología de punta el laboratorio audiovisual de la UNSAM”, aseguró. Y agregó: “Contar con la mejor tecnología permite capacitar profesionales para darle impulso a toda la industria audiovisual. Es lo mismo que hicimos en el caso de la industria satelital y el proyecto Arsat, cuyos resultados están a la vista”, expresó en esa ocasión. “Además formó parte de una política global de creación, equipamiento y desarrollo de Universidades Nacionales. En este caso el Programa de Investigación Aplicada a los Contenidos Audiovisuales de la UNSAM. La definición de la tecnología fue realizada x INVAP. Todo el personal estaba capacitado pero el recorte de fondos actual cortó el programa”, agregó y manifestó que “todos los equipos quedaron instalados y funcionando”, dijo De Vido.

​Sin embargo, en diciembre de 2016 el juez Bonadio decidió devolver al Estado los equipos de la UNSAM y transferírselos al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que encabeza Hernán Lombardi. En aquella ocasión, Lombardi dijo que era “la primera vez que se consiguen recuperar bienes vinculados con la corrupción”. Y sostuvo que se había detectado “la inexistencia de equipos contra el presupuestado”, muchas “licencias no se habían entregado” y parte del “equipamiento no se encontraba funcionando”. Además, según el Gobierno, había “sobreprecio en algunos rubros del presupuesto”; giro de transferencias de Planificación a la UNSAM, “sin haber cumplido con el porcentaje de rendición estipulado que lo habilitara a un nuevo giro de fondos”; y la “carencia de un adecuado cumplimiento de control administrativo”.

Ahora Bonadio dispuso citar a indagatoria a De Vido, para el 23 de mayo. Previamente, desde el lunes 14 de mayo, pasarán por su juzgado federal dos directivos de la empresa Sistemas de Video Comunicación, dos autoridades de Urban Baires, el arquitecto de la UNSAM que dirigió la obra, el ex rector Carlos Ruta y Luis Alberto Vitullo, ex secretario ejecutivo del Consejo Asesor de TV Digital.