A 48 horas de que se cierre del registro para los interesados en salvar de la quiebra a Oil Combustibles, la compañía de Cristóbal López presentó una queja ante el juez
comercial Javier Cosentino, contra los requisitos especiales del cramdown, el proceso de salvataje. La empresa señala que las exigencias no facilitan que se anoten terceros para evitar que Oil se vaya a la quiebra. La Sala D de la cámara apelaciones rechazó el recurso.
El planteo de la petrolera, el principal activo del Grupo Indalo, se realizó después de la apertura del cramdown, que contempla un plazo de siete días hábiles para que se anote algún interesado en hacer cargo de la empresa, financiarla y plantear un plan de pago de sus deudas y de inversión, como así también una estrategia de mercado para garantizar puestos de trabajo. Como publicó Clarín, hasta ayer no había ningún inscripto.
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Oil Combustibles, la firma de López y su socio Fabián De Sousa, no pagó a la AFIP el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) durante el último gobierno de Cristina, generando una deuda de 8.000 millones de pesos (a la fecha el fisco le reclama 21.000 millones). Con esos fondos, el empresario K se financió y adquirió nuevos medios de comunicación.
Mientas la justicia federal investiga si López y De Sousa defraudaron al Estado, el juez Cosentino abrió el concurso preventivo de la petrolera, y la intervino a través de coadministradores. En ese contexto aprobó el cramdown que habían solicitado los abogados de Oil. Con ese proceso se busca evitar la quiebra de la compañía, que emplea a 400 trabajadores y cuenta con una red de 360 estaciones de servicio. Además, tiene una refinería en el puerto de San Lorenzo, ahora abandonada.
Pero a último momento Oil ahora afirma que el cramdown “es imposible de cumplir con los requisitos impuestos”, según señalaron ante la Justicia comercial.
Para Cosentino, el cramdown será en “beneficio de los acreedores, quienes en mayor o menor medida suelen ver frustrado el cobro de sus créditos en la quiebra”, y consideró que es “una aplicación más del principio de conservación de la empresa”.
Hay más escollos: Oil ya tiene una deuda post concursal de 1.540 millones de pesos y que el organismo recaudador “ha manifestado expresamente que no otorgará facilidades de pago especiales”. Cosentino planteó que aquellas deudas preconcursales deberían cancelarse en un plan de 12 cuotas mensuales: el fisco le reclama a Oil 19.000 millones de pesos. Los abogados de Oil plantearon que “es otra de las exigencias que serán difíciles de cumplir”.
Además, se requirió que los interesados sean refinadores, y que posean experiencia en el negocio y su management. Para las autoridades de Oil, esta decisión “restringe mucho las ofertas posibles”, ya que “la empresa cuenta con personal especializado en eso, no se entiende el requisito”.
El juez determinó que los interesados en la petrolera deberán acreditar capacidad técnica en cada área, un plan de negocios con los recursos humanos que ocuparía, los fondos que aplicaría y un cronograma de actividades; así también el flujo de fondos proyectado para cancelar la deuda pre y post concursal y atender el futuro del negocio. El oferente también deberá especificar cuántos empleados piensa mantener.
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En su recurso, rechazado de inmediato por la cámara comercial, Oil planteó que “no es lo mismo ser el accionista que ser la petrolera”, y que la ley “expresamente pone a la cooperativa en mejor posición y no en igualdad”. Este último punto refiere a lo que contó Clarín sobre la cooperativa que los trabajadores de la petrolera están conformando para quedarse con la firma.
Además, los abogados sostuvieron que “el dueño puede intervenir en el salvataje si hay otros inscriptos” ,y que “la razonabilidad, el financiamiento y el plan de negocios son para el momento de presentar las conformidades y homologar, no para la inscripción”.