Pese a que el viernes hubo fumata blanca entre Carrefour y el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) por el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), la empresa recibirá este lunes a
decena de dirigentes que representan a un sector disidente de la conducción nacional del gremio. Llegarán hasta las oficinas de la empresa encabezados por Ramón Muerza, secretario de organización del gremio seccional Capital, y quien a su vez busca quedarse con el sillón de Armando Cavalieri ya que en la segunda mitad del año habrá elecciones.
Frente a un acuerdo oficial sellado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Clarín consultó a la compañía francesa si puede prosperar algún cambio pero sólo respondieron: “Vamos a escucharlos, son empleados”. La misma pregunta le hizo este diario a Muerza, quien advirtió: “Hay que ver si Cavalieri puede mantener la paz social que se comprometió a cumplir en el documento que firmó sin consultarnos”.
Desde el sector de Cavalieri contraatacaron: “Se firmó un muy buen arreglo para salvar los puestos de trabajo porque la firma había pensado en irse y hoy sólo habrá retiros voluntarios. Ante estas inconductas de Muerza en otros países europeos la empresa cerró”. Y contraatacaron: “Tenemos el aval nacional y a él solo lo mueve un tema político electoral, se mete en una cuestión que no le incumbe”.
Así las cosas el dirigente contó qué puntos van a pedir que se modifiquen: por un lado “no” quieren que el PPC se extienda hasta el 31 de marzo de 2021 y por otro quieren ajustar la cláusula que fija que quienes acepten el retiro recibirán “hasta el 150% de su indemnización por antigüedad” por otra que diga que “se pagará el 150%” ya que explican que “de la otra manera dejan al arbitrio de la empresa lo que vaya a pagar”.
Cuestionan dos puntos más: dicen que “no se puede aceptar una rebaja al salario”: esto es porque el ajuste paritario se aplicará sólo sobre el básico del convenio y porque tendrán tope, de $3.480, los adicionales. El último punto es que en el documento no se acotó los posibles cierres de sucursales solamente a locales alquilados “sino que pueden cerrar cualquier sucursal”.
Lo que no cuestionan es el punto que establece la reducción del 50% del aporte patronal a la seguridad social.